Casa de Juan Cruz Aragones
Vivienda rehabilitada que ha sido objeto de un expediente de restauración de la legalidad. / KAMARERO
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Si bien el pasado día 30 la alcaldesa, Clara Luquero, aseguró en rueda de prensa “para que lo sepan todos los ciudadanos y ciudadanas de Segovia” que se iba a demoler la terraza ilegal construida en una huerta del valle del Eresma de la que es copropietario el exconcejal socialista Juan Cruz Aragoneses, ahora matiza esas declaraciones y ya no se muestra tan contundente.

“Permítanme que a nivel técnico o nivel jurídico no me meta porque no soy jurídico y corro el riesgo de decir algo que no sea” sostiene la regidora, al tiempo que indica que primero habrá que saber si prospera el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que señala que el procedimiento de restauración de la legalidad ha prescrito por tres días.

Hace una semana la alcaldesa sostenía que, incluso en el caso de que el Tribunal autonómico desestime el recurso del Ayuntamiento, el procedimiento de restauración de la legalidad “está notificado a uno de los dos titulares de la vivienda en plazo y eso significa que el procedimiento continuará y lo que los ciudadanos quieren es que lo que se ha construido ilegalmente se derribe”.

Sin embargo, no las tiene todas consigo porque aunque admite que sí afirmó “que la notificación habría prescrito con uno de los afectados porque se fue a notificar y no estaba en su residencia. En todo caso uno de los dos sí está notificado en plazo”, en referencia a la cotitular de la huerta. “Lo que no se es como afecta esto al procedimiento”, añade una semana después.

Luquero ha informado de que, una vez que los servicios jurídicos han hecho un análisis y una recomendación, tiene pendiente una reunión con sus responsables sobre los diferentes pasos a seguir en función del fallo del TSJ.

“Lo que dije es que el Ayuntamiento quiere demoler la parte ilegal, esa es la voluntad”, afirma aunque recuerda que, dentro de un procedimiento de restauración de la legalidad, “hay una parte que es legalizable, a veces simplemente con ampliar la licencia y en otro caso, hay que demoler. Tengo que verlo con los jurídicos, a ver cómo podemos proceder”, concluye.

Sin hablarlo con Ciudadanos

Sobre la información que avanzó en el último pleno de que, en todo caso, este asunto que afecta a un excompañero del equipo de Gobierno municipal se investigará en la Auditoría de Urbanismo, próxima a adjudicar a una empresa, la alcaldesa dice que no lo había hablado con la portavoz de Ciudadanos, María José García, que minutos antes pedía en la misma sesión una investigación interna. Desconoce también si el tema ha salido a relucir en las reuniones de seguimiento del acuerdo sobre el presupuesto que mantienen los portavoces de ambos grupos.