Juzgados-Obras
En la actualidad se está procediendo a las obras de la estructura del futuro edificio de juzgados. / KAMARERO
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El Ministerio de Justicia ha informado de que la fecha prevista de terminación de las obras del nuevo edificio de juzgados de Segovia es el primer trimestre de 2021, lo que supone un retraso de casi un año respecto a la fecha fijada en un primer momento.

Como se recordará, las obras comenzaron en el mes de septiembre de 2016 en el barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, poco después de la fecha de la firma del documento de replanteo, momento en el que el plazo de ejecución se fijó en 55 meses, por lo que la conclusión de las mismas no se tendría que demorarse más allá de mayo o junio de 2020.

El Gabinete de Prensa de Justicia ha recordado que la anualidad prevista en el Presupuesto General del Estado de este año para obra y dirección facultativa de este inmueble asciende a 1.499.270 euros y añade que en la actualidad se están desarrollando las obras de la estructura. El montante total de la obra certificado hasta la actualidad es de 1.101.369,75 euros, que supone un 9,25 % del total.

El Adelantado informó en febrero del año pasado de que esta construcción estaba paralizada, e incluso que la adjudicataria, Corsán Corviam, había retirado la maquinaria. La situación continuó sin novedades hasta julio, cuando el Consejo de Administración del grupo empresarial al que pertenece la contratista solicitó concurso voluntario de acreedores para siete sociedades, entre ellas Corsán Corviam.

A preguntas de este diario, el Ministerio de Justicia admitió ya claramente ese mismo mes que no se estaba cumpliendo el programa de las obras y por eso había requerido a la empresa una explicación a través de una reunión técnica en la que se obtuvo el compromiso de esta última “a recuperar el tiempo perdido”, a la vez que comunicaba que los trabajos se retomarían de inmediato, como así fue a través de la subcontratación de parte de la obra.

El Gabinete de Prensa del departamento del ministro Rafael Catalá ha comentado que “la Ley de Contratos permite la subcontratación de determinados trabajos siempre que se ajusten a los topes establecidos tanto en la Ley, como en el Reglamento y en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, como es el caso de la estructura de esta obra”.

Fue a finales de 2015 cuando el Ministerio de Justicia adjudicó a la empresa Corsán Corviam la construcción del inmueble por un importe cercano a los 12 millones de euros.