Una de las intervenciones de los agentes de la Guardia Civil del Seprona y veterinarios de la Junta en 2017 en la provincia. / f. d.
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Tras años de trabajo, la Guardia Civil ha dado por concluida la operación Gazel con la detención en Calpe (Alicante) de Johannes Fasen, un holandés considerado el principal artífice del macrofraude europeo de la carne de caballo destapado en 2013, por el que ya ha sido condenado en Francia. La Dirección General de la Guardia Civil indicó esta semana que esta última detención se ha hecho a requerimiento de las autoridades francesas tras condenarlo la justicia gala a dos años de prisión por la mayor estafa alimentaria de Europa. Se trata del caso Horsegate, que destapó la comercialización de carne de caballo haciéndola pasar por ternera.

El escándalo saltó en Reino Unido en 2013, cuando se descubrió que una importante empresa cárnica francesa había vendido cientos de toneladas de carne de caballo como de ternera con la que se fabricaban platos precocinados como lasañas, musakas o chili. Se comprobó que la red tenía ramificaciones en más de una docena de países. Tanto el dueño de la empresa francesa como el ahora detenido y otro ciudadano holandés fueron condenados por el fraude.

No es la primera vez que la Guardia Civil detiene a Fasen. Hace dos años, en julio de 2017, el Seprona le arrestaba también en Alicante en el marco de la operación Gazel, que se saldó con 65 arrestos de empresarios, propietarios de mataderos o veterinarios. Esta operación tuvo una destacada acción en la provincia de Segovia, donde se inspeccionaron algunas ganaderías dedicadas a la cría de caballos, y fueron detenidos sus propietarios.
Fasen lideraba entonces la estructura europea de una trama relacionada con el caso Horsegate y cuya misión se centraba en la venta de carne de caballo. En muchos casos se alteraba la identificación de los animales, con cambios de los microchips.

Entonces, los investigadores constataron que existía un entramado que adquiría caballos en malas condiciones, viejos o, simplemente, bajo la calificación de ‘No aptos para consumo’ y los sacrificaba en dos mataderos concretos. Los animales procedían de Portugal y de varios puntos de España y eran distribuidos de diversas formas.

Las irregularidades investigadas afectaban tanto al proceso de sacrificio de los animales como a la posterior distribución de la carne a nivel europeo y por la que la trama llegaba a embolsarse unos beneficios anuales de 20 millones de euros.

Estos hechos por los que fue detenido Fasen y que se encontraba en España en libertad a la espera de juicio, son similares a los que le han hecho ser condenado en Francia por el tribunal de gran instancia de París. Por eso, ante la posibilidad de que el condenado pudiera fugarse, las autoridades francesas cursaron una orden de detención que se hizo efectiva el 23 de julio por agentes del equipo de huidos de la UCO de la Guardia Civil y el Seprona. Tras su arresto fue puesto a disposición del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

Una vez detenido por la Guardia Civil esta semana, Johannes Fasen ha pedido cumplir en España la condena a dos años de cárcel que le impuso la justicia francesa. El ciudadano holandés ha pasado a disposición de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, magistrada de origen segoviano que lleva más de 30 años de carrera judicial, y que ha llevado importantes casos, incluidos algunos de terrorismo.

En Segovia fueron dos las personas detenidas en 2017 y puestas luego en libertad por este asunto. Pero a nivel nacional sumaron 65 los que tuvieron que prestar declaración ante la Justicia. Se vieron afectadas empresas comercializadoras, fabricantes de productos congelados y restaurantes de comida rápida. Aunque en principio se levantó cierta alarma social en los países afectados, se hizo hincapié en que no había problemas de salud, pero sí un fraude alimentario.

Fue en abril de ese año cuando los servicios veterinarios de la Junta y los agentes del Seprona de Segovia realizaron algunas inspecciones en naves de la provincia. Se les imputaba maltrato animal, falsedad documental, prevaricación, delitos contra la salud pública, blanqueo de capital y organización criminal.