Silvia Clemente.
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Las proyecciones demográficas de la Unión Europea hasta 2060 plantean un descenso de población en el que se aprecian, cada vez más claramente, los efectos de una baja natalidad, la disminución del número de jóvenes y un acusado proceso de envejecimiento.

Esta evolución afecta a gran parte de las regiones europeas y con especial intensidad en aquellas en las que concurren circunstancias específicas vinculadas a la ruralidad, la dispersión, la insularidad, las regiones periféricas y otros factores.

Por ello la despoblación y el envejecimiento constituyen en la actualidad uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea y que está directamente vinculado con la dimensión territorial del proyecto europeo. Así lo hemos podido constatar en el Grupo de Trabajo sobre despoblación y envejecimiento, creado en 2016 en el seno de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas CALRE y que tengo el honor de coordinar, y del que forman parte 18 Parlamentos Regionales de Alemania, Austria, Bélgica, Portugal, Italia y España.

Desde el año 2016, este Grupo ha venido desarrollando un intenso programa de trabajo que nos ha permitido establecer criterios para fundamentar una estrategia contra la despoblación, y plantear actuaciones concretas frente al reto demográfico a partir de las potencialidades propias de cada territorio.

Combatir la despoblación requiere incentivar el desarrollo innovador de aquellos sectores que son estratégicos en cada región. Por ello y desde este Grupo también hemos llevado a cabo una intensa actividad en las instituciones europeas con el objetivo de llamar la atención sobre el problema demográfico y reclamar medidas concretas y la asignación de una financiación suficiente y diferenciada para hacer frente a este fenómeno.

En febrero de 2018 se presentó un documento de posición en el proceso de consulta pública abierto por la Comisión Europea sobre el Futuro de los Fondos de Cohesión, y he mantenido encuentros con los principales responsables europeos en esta materia, como la comisaria europea para la Política Regional, Corina Cretu, y el presidente del Comité de las Regiones, Karl Heinz Lambert, instando a que el reto de la despoblación fuera considerado como criterio de reparto de los fondos europeos.

Con el fin de concretar esta propuesta, en octubre de 2018 hemos trabajado conjuntamente con el vicepresidente del Parlamento europeo, Ramón Luis Valcárcel, para la presentación de enmiendas a los Reglamentos que definen el futuro de los Fondos Europeos de Cohesión y de Desarrollo Regional.

Fruto de este trabajo y de la suma de esfuerzos entre las distintas instituciones, esta semana hemos conocido que el Parlamento Europeo ha aprobado los Reglamentos en los que se incorpora la despoblación como un criterio en la distribución de los Fondos de Cohesión del periodo 2021-2027.

Es una decisión importante para Castilla y León y que representa un cambio muy significativo en la política de cohesión, puesto que el reto demográfico nunca antes había estado reconocido en la legislación europea que regula el uso de los fondos.

Desde el Grupo de Trabajo sobre despoblación y envejecimiento de CALRE consideramos que esta decisión representa un punto de partida fundamental y que abre un nuevo camino en la política de cohesión en el que debemos seguir trabajando en colaboración con el Parlamento Europeo, para que la aplicación de este nuevo Reglamento facilite la inversión empresarial y abra nuevas oportunidades de empleo en amplias zonas del medio rural de Castilla y León con densidad especialmente reducida o cuya población disminuye de forma constante e intensa.

En esta dirección, Castilla y León ofrece unas características específicas desde el punto de vista geográfico y demográfico, que la convierten en un caso de estudio en cuanto a región afectada por la despoblación y el envejecimiento.

Es la región más extensa de España y la tercera de toda la Unión Europea y que alberga una población de 2.410.819 habitantes. Una Comunidad caracterizada por la baja densidad de población, su dispersión por el territorio y un elevado índice de ruralidad y también por tener una población muy envejecida con una ratio que sitúa por encima del valor nacional.

Particularidades que ponen de manifiesto las dificultades que presenta la aplicación de cualquier estrategia de cohesión territorial y se traduce en uno de los elementos más preocupantes a los que se enfrenta la región.

Sin embargo y pese a estas debilidades, en Castilla y León también existen importantes fortalezas derivadas del potencial de sectores estratégicos presentes en el medio rural de Castilla y León y que pueden favorecer el desarrollo económico a partir de recursos endógenos y contribuir a la fijación de la población en el medio rural.

En este sentido junto al potencial del sector agroalimentario y las posibilidades de desarrollo que brinda la riqueza del patrimonio cultural, gastronómico y turístico que encontramos a lo largo y ancho de la Comunidad, Castilla y León cuenta con un patrimonio natural y forestal de extraordinario valor, y que nos sitúa como la mayor unidad natural en el conjunto de la Europa Occidental.

Una posición que se sustenta en la diversidad de sus espacios naturales y en un patrimonio forestal muy relevante a nivel nacional e internacional, como lo demuestra el hecho de que más de un 51% de la superficie de Castilla y León sea forestal, situándose por encima de lo que representa esta extensión en el conjunto de la Unión Europea que es el 41%.

La singularidad del sector forestal en Castilla y León está ligada a la estrecha interdependencia que mantiene con el territorio y al potencial productivo que puede desarrollar a partir de la variedad y tipología de los recursos que ofrece.

La movilización de los recursos forestales permitiría dinamizar la actividad económica en el medio rural, generando empleo en las tareas de extracción, como la corta y transporte de madera, y también en relación con otros productos autóctonos como la resina, el piñón, la castaña o los recursos micológicos.

En la actualidad estos recursos forestales están insuficientemente aprovechados y dado su valor y demanda en los mercados, es razonable pensar que pueden ser objeto de un grado de aprovechamiento superior, y que su gestión y explotación sostenible contribuirá al desarrollo socioeconómico de amplias zonas de nuestro territorio y a fijar población en el medio rural.

Castilla y León es la primera región productora de resina en España y sus posibilidades de crecimiento, aún por explorar, pueden recibir un impulso decidido a través de las estrategias de desarrollo de la industria química que impulsa Europa, en las que se potencian las producciones verdes, frente a los derivados del petróleo.

Igualmente, el aprovechamiento energético de la biomasa en la Comunidad abre nuevas vías al desarrollo de proyectos de futuro, que incorporan profesionales cualificados y la posibilidad de aplicar en ellos una innovación tecnológica para el desarrollo de energías alternativas.

Por ello y desde el Grupo de Trabajo sobre despoblación y envejecimiento de CALRE consideramos que el sector forestal constituye una enorme riqueza que debe desempeñar un papel activo en la lucha contra la despoblación en amplias zonas de Castilla y León, a través del desarrollo de proyectos e iniciativas innovadoras y con el apoyo de una herramienta fundamental como es la nueva regulación de los Fondos de Cohesión, y donde la despoblación actuará como un criterio positivo de discriminación a la hora de apoyar la creación de empleo y contribuir a la fijación de la población en el medio rural.