Imagen del grupo de abogados defensores durante la sesión celebrada ayer en la Audiencia Provincial. / kamarero
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La Fiscalía mantiene que el Plan de Prejubilaciones con el que se destinaron más de 17 millones de euros de la extinta Caja Segovia para las pólizas del equipo directivo no constituye un hecho delictivo, aunque pueda parecer un hecho “algo inmoral”.

Así lo explicó la representante del Ministerio Público, Pilar Orleta Ramos, quien afirmó que a veces “lo ajustado a derecho no es justo, sino injusto; y a veces contraviene las normas de la moralidad”. Lo dijo durante su intervención en la penúltima sesión del juicio por el denominado caso de las prejubilaciones millonarias, y donde las partes presentaron sus conclusiones finales.

En la jornada intervinieron las dos acusaciones, la Fiscalía, y varias defensas. Quedan cuatro abogados defensores por intervenir, que lo harán mañana jueves, dando por concluida así la vista oral de este caso que ha llevado al banquillo a once personas (antiguos empleados del equipo directivo, y tres integrantes de los órganos de gobierno de Caja Segovia). Entre los primeros, cinco son acusados a título lucrativo. Además han pasado por este juicio casi 40 testigos, la mayoría antiguos miembros del consejo de administración y de comisiones internas.

La Fiscalía mantiene en este juicio una postura similar a la de las defensas, considerando que el caso debe ser sobreseído al no existir delitos de apropiación indebida y administración desleal como denuncian las acusaciones particular y popular. La fiscal pidió una sentencia absolutoria y recordó que ya lo solicitó anteriormente. Dijo entender la estrecha relación entre lo moral y lo justo, matizando que lo moral lo imponen las costumbres y convicciones del individuo; mientras las normas jurídicas las impone el Estado.

También reconoció que a ella le sorprendieron las abultadas cantidades de las prejubilaciones de los acusados, pero también los salarios de los empleados [de Caja Segovia] difundidos durante el juicio; “quizá porque al ser funcionaria de carrera, nunca llegaré a cobrar lo que ellos cobran”, argumentó. “Concurre —dijo— que el cobro de esas cantidades nos puede parecer inmoral, pero hay que ver si puede ser tipificado como un delito penal”. Hizo un repaso de los argumentos esgrimidos por las acusaciones para concluir que no encuentra indicios delictivos, y que “debe imperar la presunción de inocencia” de los acusados. A su juicio no existe engaño ni extralimitación de funciones de los acusados. Y subrayó que la norma europea de limitación de remuneraciones a los altos cargos de entidades bancarias surgió después de que se aprobaran y modificaran los planes de prejubilación en Caja Segovia.

Ocultaciones.
Una opinión distinta expuso el abogado de la Fundación Caja Segovia, Rafael Yturriaga, que representa a la acusación particular. En su informe final dijo que las recomendaciones europeas sobre las entidades bancarias que eran motivo de fusiones e integraciones “las conocían y debían conocerlas” los acusados, los cuales “sabían que les podían perjudicar”, y por ello “urdieron el plan”, y le dieron “un barniz de legalidad”.

El abogado fue contundente en su exposición de las acusaciones. Bajo su criterio, el equipo directivo “vislumbró que podrían perder todo el poder y comenzaron a hacer cambios”. Se centró al comienzo en Antonio Escribano y Enrique Quintanilla, director general y director de Recursos Humanos, respectivamente, como “ideólogos” de los cambios en el plan de prejubilaciones. Se sirvieron del deterioro del funcionamiento de los órganos de gobierno, de la “asimetría en la información, la “falta de datos”, y la buena confianza que tenían los consejeros en el equipo directivo.

Dijo de los consejeros de Caja Segovia que, aunque tuvieran una cierta formación, no eran profesionales y no contaban con suficiente conocimiento financiero para entender el alcance de lo que se sometía a su aprobación. Se les comunicaba con “premura” y “ocultando el importe verdadero” de las prejubilaciones, que —en contra de lo manifestado por Escribano— habría cobrado la mitad si se hubiera acogido al mejor de los casos acogiéndose al ERE de Bankia o aplicando las condiciones establecidas en su contrato laboral con Caja Segovia.
El representante legal de la Fundación Caja Segovia recordó que esos más de 17 millones fueron detraídos de la entidad un 31 de diciembre, y no se comunicó porque de haberlo hecho, “habrían saltado las alarmas”. A Antonio Tapias le reprochó el “guardar silencio” sobre el impacto y dar apariencia de legalidad a lo aprobado. De Atilano Soto, Manuel Agudíez y Elena García Gil dijo que fueron “cooperadores necesarios” en los dos delitos que se juzgan.

Excusas .
Por su parte, el abogado de la acusación popular, IU, Alberto López Villa, insistió en que la sobreexposición al negocio inmobiliario que tenía de Caja Segovia llevó a sus directivos a que aparentaran buenos resultados económicos, y a la captación de 70 millones de euros entre sus clientes en participaciones preferentes durante 2006. A su juicio tenía como objetivo “recapitalizar una entidad con problemas de liquidez”, y saturando luego los juzgados con reclamaciones de los afectados.

También denunció el argumento de la “confidencialidad” utilizado para no dar a conocer el importe real de las prejubilaciones, y el abuso de la “buena fe” sobre la que votaban los consejeros no profesionales integrantes de los órganos de gobierno de Caja Segovia.

La jornada de ayer martes se completó con los argumentos de los abogados los acusados a título lucrativo, que pidieron la absolución para todos ellos, y hablaron de “mala fe”, “acusación diabólica”, y de “crueldad procesal” en las postura de las acusaciones.

Mañana jueves concluirá la vista oral con la presentación de sus informes los cuatro abogados restantes y que representan las defensas de los principales acusados.

Comparaciones con otras sentencias bancarias

Los abogados participantes en el juicio de ayer presentaron en sus alegatos otros casos de sentencias aparecidas en los últimos meses referidas a los sobresueldos percibidos por directivos de cajas de ahorro. Cada parte trajo a colación la que le parecía más conveniente. Así, unos se refirieron a la sentencia de Novacaixagalicia, donde dos exdirectores fueron condenados a devolver diez millones de euros; mientras en Catalunya Caixa el resultado ha sido de absolución.

La diferencia semántica entre justo y moral presentada por la fiscal fue comentario en los pasillos por su parecido con el difundido chiste protagonizado por dos jueces en un hotel.

Por su parte, el abogado de IU, argumentó en su informe que el cómputo del 70% para las prejubilaciones de la plantilla “se vestía como justo”, cuando no es lo mismo para sueldos diferentes: “La misma condición aplicada a distintas situaciones provoca resultados injustos”, afirmó.