El sector porcino quiere soluciones ante el cierre de la planta de purines

Desde la semana pasada, la planta de tratamiento de Turégano se encuentra cerrada y obliga a las granjas a almacenar sus residuos ganaderos. El Ministerio de Agricultura apoya a los ganaderos, pero el de Industria no ha mostrado todavía intención de cambiar su actitud.

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El cierre de la planta de desimpacto ambiental de purines de Turégano, que procesa unos 100.000 metros cúbicos de purín al año, ha puesto en jaque a más de 30 explotaciones ganaderas de porcino de la provincia.

La empresa ha decidido paralizar la actividad, como lo han hecho el resto de industrias similares y que están agrupadas en ADAP (la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines). La planta de Turégano, que puso en marcha la empresa vitoriana Guascor, del grupo Sicogesa, fue adquirida en el año 2011 por la sociedad norteamericana Dresser-Rand.

En la protesta por el cambio de la normativa eléctrica que ha impulsado el Ministerio de Industria, la empresa no está sola. También la apoya el sector ganadero que venía funcionando con contratos con esta sociedad y la pagaba por hacerse cargo de los purines.

Por ello la Asociación de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), y las organizaciones agrarias también se quejan del cambio de las reglas del juego y rompe el pacto alcanzado con el Ministerio de Industria en 2007, por el cual se regulaba esta actividad en un régimen especial, que incorporaba un hecho diferencial hacia la cogeneración convencional, incorporando estas plantas de residuos a un tratamiento especial a fin de asegurar la viabilidad de las mismas.

La actual Ley 24/2013 de 26 de diciembre establece que estas plantas puedan sufrir un cambio sustancial en la retribución por la venta de la electricidad. La actual propuesta, que se encuentra en fase de alegaciones, plantea una reducción del 40% de la retribución económica para la venta de electricidad, lo que, a juicio de ADAP, hace «inviable la continuidad de las plantas de tratamiento de deyecciones ganaderas».

Esta decisión provocaría además un problema medioambiental añadido, ya que las plantas de tratamiento llevan a cabo una gestión de los purines para garantizar la actividad ganadera. En el caso de Segovia, la planta de Turégano recibe unos 100.000 metros cúbicos de purín de explotaciones de Turégano, Torreiglesias, Veganzones, Caballar, Sauquillo de Cabezas, Guijar de Valdevacas, y Muñoveros. Pero también de otros municipios que se habían incorporado después como Cantalejo o Mozoncillo.

Un camión de la empresa es la encargada de recoger los purines de las balsas donde las explotaciones almacenan sus residuos. Los ganaderos pagan a la empresa entre dos y tres euros por metro cúbico retirado. De este modo se evita que dichos purines tengan que ser esparcidos en las fincas agrarias.

“El problema será grave en unos días si no se toman medidas”, asegura Miguel Ángel Higuera, director general de Anprogapor, quien conoce bien el sector y las explotaciones segovianas.

No se refiere sólo al efecto medioambiental que supone la acumulación de purines en algunas fincas. De hecho defiende que la mejor fertilización de las tierras se produce con una correcta dosificación de purines.

Su principal preocupación se refiere al aumento de los costes que puede suponer a las granjas de porcino pagar el coste de la eliminación de los purines. “Las haría inviables”, resume.

“Hasta ahora el coste era asumible para el ganadero, pero si el precio de la gestión se eleva, se pone en riesgo de la viabilidad de un número importante de granjas”, añade el responsable de Anprogapor. Tan solo podrán evitar quienes tengan capacidad suficiente en fincas agrícolas para deshacerse de los purines esparciéndolos por ellas.

Precisamente el segoviano Miguel Ángel Higuera participa hoy en el Ministerio de Industria en una reunión con los representantes de las plantas de desimpacto (Adap) “con el fin de encontrar alguna solución”. En este sentido Higuera también ha valorado el gesto de comprensión que ya le ha transmitido el director general de Ganadería, con el que se reunió ayer lunes.

En todo caso se mantiene en vigor la previsión de realizar el 12 ó 13 de marzo una manifestación en Madrid, ante la sede del Ministerio de Industria, para lo que se están realizando los trámites y pidiendo autorización.

Preocupación

Tanto ganaderos como alcaldes han expresado su preocupación por el impacto tanto económico como ambiental que puede suponer esta paralización de las plantas de purines.

El delegado territorial de la Junta recogió la queja de representantes municipales de Turégano, Torreiglesias, Caballar, El Guijar de Valdevacas, Veganzones, Muñoveros y Sauquillo de Cabezas, que le entregaron dos escritos, uno suscrito por los ayuntamientos y otro por la Federación de Explotaciones Acreditadas Sanitariamente de Ganado Porcino (FEASPOR), en los que solicitan que se tenga en consideración el perjuicio que se genera en esta zona de la provincia ante el cierre de la planta de cogeneración eléctrica de Turégano. Esta paralización de la actividad, en principio transitoria, se produce por la publicación del borrador del Real Decreto y la consiguiente Orden Ministerial que regula la producción de energía eléctrica a través de energías renovables y plantas de cogeneración y modifica la tarifa reguladora.