El PP pide un debate sobre el cobro ilegal de 835.000 euros en 2004

Los ediles populares defienden que Arahuetes “no puede zanjar” el asunto y desean que el alcalde dé explicaciones de lo sucedido y busque fórmulas para resarcir a los ciudadanos

1

Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia llevarán al próximo pleno la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica el cobro ilegal por parte del municipio de más de 835.000 euros a los ciudadanos de Segovia en el año 2004.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Beatriz Escudero, ha defendido que el alcalde, Pedro Arahuetes (PSOE) “no puede zanjar un asunto de muchos millones de pesetas que afecta a miles de hogares segovianos diciendo que se trata de un mero tema jurídico”

“Lo único cierto y es triste, es que el Ayuntamiento de Segovia está siendo noticia de manera habitual por cobros ilegales, pagos indebidos y sentencias perdidas. Esto revela un modo de hacer las cosas por parte del Equipo de Gobierno que está perjudicando a la ciudad y que nosotros pedimos que rectifique. Se trata de claros síntomas de descontrol e incapacidad de gestión que es preciso corregir por el bien de la ciudad”, añade Escudero en un comunicado.

Para la también senadora popular, el alcalde debería exponer en el próximo pleno de la corporación su punto de vista sobre el hecho de que “el Ayuntamiento haya dispuesto de manera indebida de más de 835.000 euros de los ciudadanos”. “A mí me gustaría saber —agrega Escudero en sus declaraciones— qué opinaría este alcalde sobre un ciudadano que hubiera dispuesto de manera ilegal de 835.000 euros del Ayuntamiento, que no los fuera a devolver y que además asegurara que si le pillaran y le condenaran eso no iba a tener consecuencias prácticas”.

Tras manifestar su deseo de resolver la situación provocada, la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Segovia defiende “seriedad” y “rigurosidad” en la gestión de lo público, ya que afecta al bolsillo de cada ciudadano. “Que un ayuntamiento decida incrementar de manera desmesurada la presión fiscal sobre sus ciudadanos es un error económico y político, pero que lo haga contra la ley es muy grave”, continúa Escudero, quien lamenta que Arahuetes “ni lo explique ni se disculpe”. “Llevaremos el tema al pleno para que los ciudadanos reciban una explicación y ver si hay alguna manera de resarcirles”, concluye la senadora.