El PP insiste en pedir al equipo de Gobierno que aclare el coste total del proceso que ha supuesto la retirada de la marquesina de la Estación de Autobuses, con el fin de que los ciudadanos conozcan el dinero que ha supuesto para las arcas municipales los pasos administrativos y judiciales que ha traído consigo este largo contencioso.
En una nota de prensa, el grupo Popular en el Ayuntamiento señala que en el último pleno municipal se presentó una pregunta escrita, y la “sorprendente respuesta” —en palabras de los populares— del equipo de Gobierno fue que “no les había dado tiempo a recopilar toda la información (coste de ejecución de la marquesina, honorarios de los abogados que se han encargado, en nombre del Ayuntamiento, de los sucesivos pleitos y costes judiciales).
Antes del pleno, los populares pidieron también mediante un escrito estos datos al Ayuntamiento, por lo que el grupo considera que “es tiempo suficiente para haber recopilado todos los datos de un proceso que todavía no ha finalizado y que el Gobierno municipal socialista debería conocer de sobra”.
“Pero no sólo nos sorprendió la respuesta dada en sesión plenaria, sino también y lo que es más preocupante, que no conozcan ni el importe que supuso en su día la ejecución de la marquesina, que si bien formaba parte de una segunda fase de obras, tendría que estar desglosado, ni los honorarios de los abogados que han llevado en nombre del Ayuntamiento todo los procesos judiciales, cuando, se supone, habrán emitido facturas por los trabajos realizados, ni el total de los costes judiciales, cuando tendrán que estar recogidos en las correspondientes sentencias”, asegura el PP en el comunicado.
Por ello, consideran que este asunto pone de manifiesto “la falta de transparencia y claridad del gobierno municipal ante una situación a la que nos ha llevado única y exclusivamente, su mala gestión, empecinamiento y falta de diálogo con los vecinos”.
El PP considera que las obras de la marquesina “en su momento tuvieron un coste, pero es que hacerlo de manera incorrecta llevó a un proceso judicial con los vecinos afectados que ha durado años y que terminó con una sentencia judicial en contra del Ayuntamiento que obligaba a éste a su retirada, una actuación que se está llevando a cabo ahora y que supera los 98.000 euros. A los que hay que unir lo que costó construirla, lo que se ha pagado a los abogados y los costes judiciales”.
