El Gobierno avisó hace dos meses que el dinero sin gastar deberá devolverse

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado Juan Luis Gordo, el Ejecutivo explica que el último plazo concedido para concluir la obra era improrrogable.

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El Gobierno de España ya advirtió hace ahora dos meses que, legalmente, no se podía conceder una ampliación en el plazo de terminación del primer edificio del CAT (30 de junio de 2013) y que el Ayuntamiento debería reintegrar, al menos, «las cantidades no justificadas en plazo y forma» que, de acuerdo con la documentación remitida por el consistorio, según sostiene el Ejecutivo, se sitúan en el entorno de 3,8 millones de euros. “La intención del Gobierno en relación a el asunto [el CAT] ha sido seguir fielmente la Ley”, afirma el Gobierno.

Este pronunciamiento ‘oficial’ del Gobierno se produjo como consecuencia de una pregunta parlamentaria formulada por el diputado del PSOE por Segovia y secretario provincial de los socialistas, Juan Luis Gordo, y que el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el pasado 14 de mayo.

Es el mismo argumento que trasladó el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, a la alcaldesa, Clara Luquero, y a los portavoces del PSOE, Javier Giráldez, y del PP, Jesús Postigo, en la reunión que mantuvieron hace una semana, el martes 1 de julio, en la sede del Ministerio de Industria, en Madrid. Como desveló EL ADELANTADO, el alto responsable ministerial transmitió a la delegación del Ayuntamiento que no se podían conceder más plazos para terminar la obra y que el consistorio tendría que devolver el dinero no invertido y que permanece en una cuenta corriente, reservados para concluir las obras del Centro de Innovación Empresarial (CIDE), el primer edificio del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT). Las obras fueron paralizadas en junio de 2013 tras la liquidación de la empresa constructora Volconsa, un mes antes de que expirara el último plazo de terminación de la obra concedido por el departamento ministerial.

Las explicaciones de Calvo-Sotelo no se separan un ápice de la respuesta que había ofrecido el Gobierno en el mes de mayo. En la respuesta a Gordo, que aparece ‘colgada’ en la web del Congreso de los Diputados, el Gobierno informa que «el plazo de año y medio concedido es la máxima ampliación legal que se podía conceder a este proyecto». «El plazo de ejecución del proyecto -continúa- finalizó de forma improrrogable el 30 de junio de 2013 y el de presentación de documentación justificativa el 31 de agosto de 2013». El Ejecutivo explica en su respuesta al diputado socialista que se está realizando la revisión de la documentación presentada por el Ayuntamiento el 31 de agosto «para verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto». Estos son, según la memoria presentada en su día por el Ayuntamiento, «la construcción y puesta en actividad, en terrenos de propiedad municipal de un Centro de Desarrollo e Innovación Empresarial (CIDE), preparado para que las empresa puedan integrar actividades de investigación e

innovación (…)».

En este sentido, el Gobierno indica que si en el momento del cierre no se hubiera cumplido el objeto del proyecto de la certificación, «se procedería a solicitar el reintegro de la totalidad de la ayuda concedida por valor de 10,8 millones de euros más intereses de demora». «Este reintegro -añade- deberá abonarse por parte del Ayuntamiento beneficiario de la ayuda de manera íntegra e inmediata».

No obstante, sostiene que si en el momento de la certificación se hubiese cumplido el objeto [del proyecto], «se procederá a la solicitud de reintegro de las cantidades no justificadas en plazo y forma que se estiman, atendiendo a la documentación remitida por el Ayuntamiento en proceso de verificación, en torno a 3,8 millones de euros».

Información puntual

El Gobierno también trata de responder a las quejas del Gobierno municipal sobre el presunto ‘silencio’ del Ministerio a su demanda para ampliar el plazo de terminación de la obra, alegando que la paralización obedecía a causas ajenas al Ayuntamiento, por la quiebra de la empresa constructora. Como se sabe, el Gobierno municipal también se ha quejado de que el secretario de Estado no quería recibir al entonces alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, para hablar del asunto; una entrevista que, como se ha dicho, se produjo el martes 1 de julio, ya con la nueva alcaldesa, Clara Luquero, más de un año después de la primera petición formulada por el consistorio.

En la respuesta a la pregunta parlamentaria, el Gobierno sostiene que «en todo momento» desde el Ministerio «se ha informado al Ayuntamiento de Segovia del estado de situación del proyecto del CIDE y del régimen aplicable a los proyectos subvencionados en el marco de las convocatorias». Y añade: «en particular, en todo momento se le mantuvo informado de la imposibilidad de ampliación adicional al haber sido concedida la máxima prórroga legalmente establecida».