El Ayuntamiento recurrirá la anulación del cobro del impuesto de Plusvalía de la venta de La Choricera

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El Ayuntamiento de Segovia recurrirá la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Segovia que anula la posibilidad de ingresar en las arcas municipales 600.000 euros porcedentes del impuesto de plusvalía por la venta del edificio de La Choricera, estimando íntegramente el recurso presentado en su día por la administración concursal de la empresa Alimentos Refrigerados S.A. (alresa).

La alcaldesa Clara Luquero aseguró que el Ayuntamiento basará su recurso en que la liquidación prevista “se ajusta perfectamente a la Ley de Haciendas Locales”, y aseguró que el planteamiento jurídico que avala esta petición está bien fundamentado por parte de los servicios municipales.

La sentencia deja sin efecto la liquidación municipal, que había sido girada por el Ayuntamiento de Segovia el 31 de julio de 2015 por un importe de 611.482,00 euros. El Consistorio justificaba dicha liquidación como consecuencia de la venta en la subasta pública producida el 9 de octubre de 2014. La venta afectaba a dos fincas catastrales situadas en la carretera de San Rafael número 42 y calle Guadarrama número 37 respectivamente. En primer lugar salieron a la venta por 12 millones de euros, pero finalmente hubo que rebajar las ofertas en sucesivas convocatorias.

La resolución judicial fija el criterio de que dicho impuesto no puede ser objeto de liquidación, al estar “contrastado que no se ha producido un incremento del valor del terreno, sino todo lo contrario: una clara disminución de su valor, y por lo tanto, al fijarse dicho valor dentro de un proceso concursal con plenas garantías de control judicial, no es posible sustituir el valor obtenido por el valor catastral, dado que este último no responde a la realidad de la situación económica del inmueble”.

El juez va más allá y sostiene que el Ayuntamiento de Segovia “realiza una interpretación de la normativa impositiva, teniendo en cuenta exclusivamente el valor catastral, que es fijado por el Estado, pero no ha aportado periciales o documentales que acrediten que el valor real de los bienes en los últimos 20 años, ha producido un incremento de valor.