El Ayuntamiento de Segovia inicia la vía penal por las demoliciones de la Casa de los Buitrago

El equipo de Gobierno interpone una querella por un presunto delito contra el patrimonio cultural que puede castigarse con hasta tres años de prisión

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La corporación será informada en el pleno de este viernes de un decreto de la alcaldesa, del pasado 2 de diciembre, por el que dispone que se interponga una querella contra los responsables de un presunto delito contra el patrimonio histórico, causado por demoliciones en la conocida como Casa de los Buitrago, en el número 7 de la Plaza de Santa Eulalia.

El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, explicó en rueda de prensa las razones que han llevado al equipo de Gobierno a utilizar la vía penal contra Juan de Miguel Arenal, como representante de la sociedad Construcciones Gliazar, responsable de la ejecución de las obras no autorizadas, y contra Luis Llorente Álvarez, como técnico director de las mismas, aunque a este último con la coletilla de “en el caso de que proceda”.

Como se recordará, fue en el verano de 2015 cuando el Ayuntamiento instó a la propiedad de este inmueble histórico (datado a finales del siglo XV o principios del XVI) a que ejecutase obras de emergencia —apuntalamiento, desescombro de zonas arruinadas y vallado— ante lo que los informes técnicos de la Unidad de Disciplina Urbanística consideraban evidente riesgo para la seguridad tanto de las personas como de los bienes. En ese mismo requerimiento se instaba a reconstruir lo demolido, restituyendo los entramados de madera y forjados, y a apuntalar o reforzar, según los casos, el entablado de la cubierta, colocando teja vieja de Segovia en la misma, además de reparar la parte inferior de la fachada y reforzar los huecos con cruces de San Andrés.

Según el edil socialista, que citó un informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural —dependiente de la Junta de Castilla y León— las obras ejecutadas por la propiedad “lejos de tender a la conservación y protección del inmueble contribuyen al deterioro progresivo y constante de la edificación, causando daños irreparables al patrimonio cultural histórico de la Plaza de Santa Eulalia, que tiene la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) según resolución de 16 de diciembre de 1977”.

Reguera sostuvo que no se permitió a los servicios municipales el acceso a la finca y, cuando se pudo comprobar las consecuencias de la intervención, en marzo de este año, el informe técnico resultante recoge que “la propiedad se ha extralimitado al ejecutar la demolición de la cubierta y las demoliciones interiores sin tener autorización para ello”, añadiendo que “la intensidad” de las actuaciones “ha supuesto la total destrucción de los elementos indicados, por lo que es imposible su recuperación”.

A raíz de esos informes y de que Disciplina Urbanística del Ayuntamiento advirtiera de que la destrucción de patrimonio cultural está recogida como delito en el Código Penal, el equipo de Gobierno encargó informes jurídicos que han coincidido en la existencia de un presunto delito en aplicación del artículo 321 — “Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de 12 a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años”.

De forma subsidiaria son de aplicación los artículos 323 y el 324. El primero, entre otras cuestiones señala que a quien cause daños de especial gravedad o que afecten a bienes cuyo valor histórico o cultural fuera especialmente relevante, se les podrá imponer la pena en grado superior; es decir, tres años, al margen de que los tribunales ordenen al causante la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado. El segundo limita la pena a una multa de 3 a 18 meses.

El Grupo Municipal Popular pidió ya en agosto de 2015 “una supervisión técnica rigurosa” de las actuaciones de urgencia requeridas a la propiedad y alertó de daños irreparables en el inmueble.