Desde hace dos años el recinto ferial de las Fiestas de San Juan y San Pedro se instala en el barrio de La Albuera. / M. G.
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El Ayuntamiento de Segovia no ejerció el control de las condiciones higiénicas y sanitarias que son de su competencia en los establecimientos de comidas que se instalaron en el recinto ferial de las Fiestas de San Juan y San Pedro de 2017. Así consta en una resolución del Procurador del Común en la que se recuerda que las labores de inspección de los puestos hosteleros que se instalan en el recinto ferial son responsabilidad municipal y se insta al Ayuntamiento de Segovia a que en las futuras fiestas patronales cumpla con esta obligación para que no se repitan los hechos de 2017.

La intervención de la Procuraduría ha estado motivada por la presentación de la queja de un particular en la que se hace referencia a la “inactividad municipal” en el control de la comidas que se dispensaron en algunos mesones de las ferias de 2017. Según el reclamante, dos familias con sus respectivos hijos acudieron el 26 de junio a cenar a un establecimiento situado en la carpa del recinto ferial y al encontrar restos de comida y falta de limpieza en platos y cubiertos pidieron que se los repusieran pero de nuevo recibieron enseres sucios. Solicitaron las facturas de las consumiciones pedidas y pagadas así como hojas de reclamaciones que no les fueron proporcionadas alegando que era un puesto ambulante. Además al salir comprobaron que la limpieza de los platos y cubiertos se realizaba en dos barreños “sin que se utilizara estropajo o utensilio alguno” según consta en el informe del Defensor del Ciudadano de Castilla y León.

Los hechos fueron trasladados al Servicio Territorial de Sanidad y al Ayuntamiento de Segovia que se cruzaron responsabilidades sin dar solución.

Circunstancias peculiares

De acuerdo a la documentación de la Oficina del Procurador del Común, el Ayuntamiento ha explicado en sus informes que las circunstancias del recinto ferial de 2017 fueron “peculiares” ya que por primera vez se trasladó a La Albuera y el “breve espacio de tiempo” que hubo entre la fecha de decisión del espacio y la de inauguración del ferial “provocaron cierta improvisación en la puesta en funcionamiento de todas las instalaciones a la vista del informe suscrito por los técnicos municipales competentes”.

Además, según el Procurador, el Ayuntamiento reconoce que no se llevó a cabo ninguna inspección previa de las condiciones higiénico-sanitarias que debían cumplir las casetas hosteleras, al considerar que se trataba de una competencia del Servicio Territorial de Sanidad.
Sin embargo, el estudio jurídico hecho por la Oficina del Común sobre espectáculos recreativos, venta ambulante o no sedentaria, salud pública y seguridad alimentaria en Castilla y León, hacen que a juicio de la Procuraduría “queda claro” que corresponde al Ayuntamiento de Segovia la inspección de los puestos que se instalan en el recinto ferial con el fin de comprobar “el adecuado cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias tanto de los alimentos y bebidas que se dispensen como de los enseres, útiles y maquinaria que se utilicen para su suministro”. “Esa labor no se llevó a cabo en su día” dice el informe del Procurador que ha dado traslado de su resolución al Ayuntamiento de Segovia.

Convenio con la Junta

El Procurador del Común insta al Ayuntamiento a que si no dispone de medios propios para comprobar las condiciones de los puestos de comidas de las Ferias requiera la intervención de los servicios oficiales de Salud Pública y, es más, propone que valore suscribir un convenio de colaboración con la Junta con este fin.

La resolución del Defensor del Ciudadano también ha sido dirigida a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que en el supuesto de que el Consistorio solicitara sus labores de inspección en los puestos hosteleros de las ferias, preste su colaboración, y de igual forma, estudie la posibilidad de establecer un convenio.

La propuesta del Procurador hace referencia a que se suscriba un convenio de colaboración entre las administraciones municipal y autonómica, estableciendo un “protocolo de intervención” que garantice un mecanismo de prevención eficaz de control de las condiciones higiénico-sanitarias de los puestos no permanentes de restauración que se instalen en el municipio como consecuencia de la celebración de cualquier festividad o evento señalado.