La fecha de las primeras pruebas para optar a las plazas de Policía Local en 2018 y la composición del tribunal fueron consultadas al Consejo. / NEREA LLORENTE
Publicidad

Las administraciones públicas se enfrentan, en ocasiones, a situaciones en las que no saben cómo actuar de manera correcta, debido a conflictos que se plantean a la hora de interpretar las leyes o normativas. Además, las instituciones están abiertas a reclamaciones procedentes de diferentes frentes (vecinos, visitantes, empresas, proveedores…) y en ocasiones, para no sentirse desamparadas en su decisión, recurren al Consejo Consultivo de Castilla y León, un órgano de control externo que emite informes no vinculantes, pero que son seguidos ampliamente por las administraciones públicas, puesto que garantizan los derechos tanto de las instituciones como de los ciudadanos. Y es que el Consejo Consultivo es un órgano de control previo de legalidad y control externo, que trabaja con el objetivo de que las administraciones adopten las mejores decisiones posibles, y generando con ello un plus de calidad democrática como acicate para un buen gobierno.

En el ejercicio 2018, el Consultivo emitió 557 dictámenes para administraciones de toda Castilla y León —catorce menos que en el año anterior—, de los que 28 eran relativos a las consultas generadas desde la provincia de Segovia —uno más—, el 5 por ciento del total regional.

Según el balance emitido por el órgano que preside Mario Amilivia, la totalidad de las consultas realizadas desde Segovia, tanto del ámbito del mundo local como del autonómico, eran en su mayor parte de responsabilidad patrimonial; y el montante de las reclamaciones solicitadas en la provincia por los afectados a causa del normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos ascendía a 1.310.691 euros.

Por administraciones, nueve consultas fueron solicitadas por el Ayuntamiento de la capital, una de ellas de carácter facultativo, sobre la composición de los tribunales seleccionadores de pruebas selectivas de Policía Local. En este sentido, cabe recordar que en marzo de 2018 un total de 82 personas, entre ellas 15 mujeres, habían presentado su solicitud para realizar las pruebas de selección de personal en el Ayuntamiento de Segovia para cubrir cuatro plazas de agentes de Policía Local. El número de admitidos fue de 71. Y la fecha de las primeras pruebas y la composición del tribunal estaba pendiente de una resolución del Consejo Consultivo de Castilla y León.

También solicitaron dictámenes de carácter preceptivo, como establece de la ley, los ayuntamientos de La Matilla, Fuentesaúco y Pedraza, una cada uno; y Ayllón y El Espinar, dos en cada caso.

DICTÁMENES Asimismo, el Ayuntamiento de Segovia solicitó en 2018 nueve dictámenes al Consejo Consultivo: cinco de ellos sobre procedimientos de responsabilidad por daños a causa del mobiliario urbano; uno de revisión de oficio; dos sobre modificación de planes urbanísticos y la facultativa.

Los de materia urbanística dieron luz verde a la aprobación del estudio de detalle para la supresión de las actuaciones aisladas R-14 y R-15 de Revenga y al estudio de detalle para la supresión de la actuación aislada H-15 en el polígono industrial de Hontoria.

Entre los dictámenes relativos a daños causados por el mobiliario urbano, la consulta que contenía la reclamación más elevada, de 19.040 euros, derivó de una caída debido al estado de la acera de la calle José Zorrilla. El dictamen fue de carácter desestimatorio ante la falta de prueba de la relación de causalidad y falta de diligencia exigible en el control de la propia deambulación.

Otro de los dictámenes por mobiliario urbano se originó por otra caída, también en José Zorilla, por el mal estado de un bolardo. También fue desestimatorio por falta de prueba.

En el mismo sentido, el Ayuntamiento de La Matilla realizó una consulta sobre responsabilidad patrimonial como consecuencia de la reclamación presentada por una mujer debido a los daños sufridos en un accidente durante un festejo, una caída por unos cables en el suelo durante un espectáculo musical, en el año 2017, en la Plaza Mayor. El dictamen fue desestimatorio.

La consulta procedente del Ayuntamiento de Fuentesaúco de Fuentidueña fue sobre una revisión de oficio del Acuerdo de Pleno de 30 de julio de 1999, sobre la situación jurídica de los terrenos ‘Travesía Valdecarros’.

Una consulta sobre responsabilidad por una licencia y posible incidencia de una explotación ganadera y por los daños a causa de una caída por placas de hielo en el Alto del León por los que se reclamaban 32.000 dieron como resultado los dos dictámenes solicitados por El Espinar, los dos desestimatorios.

La consulta del Ayuntamiento de Pedraza también fue por responsabilidad patrimonial, como consecuencia de una reclamación debido a los daños sufridos durante la celebración de un festejo taurino en septiembre de 2017, en el que un espectador fue corneado en el pie por un toro que metió el cuerno por la talanquera —se pedían 6.000 euros—. También fue desestimatorio.

Y los dictámenes solicitados por Ayllón derivaron de consultas sobre revisión de oficio y por una reclamación patrimonial a causa de una caída por el mal estado de unos adoquines.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
En cuanto a la Junta, presentaron consultas desde Segovia las Consejerías de Educación (4), Sanidad (5), Empleo (2) y Agricultura y Ganadería (1). Los dictámenes derivados de las consultas de Empleo y Educación fueron por recursos administrativos. Los 5 de Sanidad tuvieron su origen en procedimientos de responsabilidad patrimonial por mala praxis médica en el Complejo Asistencial.

En cuanto a la reclamación que contenía la cuantía más elevada (246.000 euros) se fundamentó en un procedimiento por pérdida de oportunidades terapéuticas (error en la citación de la paciente que produjo un retraso relevante en las expectativas de su curación). El Consejo emitió un dictamen estimatorio parcial, dando luz verde a 56.000 euros para los reclamantes. El resto de los dictámenes sanitarios fueron resueltos en sentido desestimatorio por parte del Consejo.