Presentación de la operación por la Guardia Civil.
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‘Todas somos Adelita’ es la canción con la que la Asociación Territorio Doméstico quiso reivindicar las deplorables condiciones de trabajo que los ciudadanos extranjeros  deben soportar cuando llegan a España de forma irregular. La adaptación de este popular corrido mexicano sirvió como banda sonora de las reivindicaciones de esta asociación, que bajo su apariencia solidaria y asistencial ocultaba una compleja red criminal dedicada a conculcar los derechos de los ciudadanos extranjeros y a la estafa.

La Guardia Civil decidió dar el nombre de ‘Adelita’ a la operación policial que hace tan solo unos pocos días ha desarticulado este grupo criminal, que se ha saldado con la detención de ocho personas en Segovia, Madrid y Huelva y la realización de dos registros domiciliarios que han conseguido desentrañar la trama dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular.

La delegada del  Gobierno en Castilla y León Mercedes Martín y el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Segovia  José Luis Ramírez dieron a conocer los detalles de esta operación policial coordinada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, en la que se han identificado como  víctimas cerca de 400 inmigrantes captados por la organización, aunque no se descarta que la cifra pueda alcanzar hasta el millar de ciudadanos extranjeros.

Martín explicó que el grupo criminal comenzó a actuar en noviembre de 2017, según los datos  de la investigación, y desde entonces había creado una red por todo el territorio nacional para la localización y canalización de los inmigrantes ilegales, principalmente en Honduras, Colombia, Nicaragua y Venezuela.

Así, señaló que los inmigrantes llegaban a España por avión desde París, y tenían que abonar a la organización entre 250 y 300 euros por la gestión de su futuro puesto de trabajo en España, principalmente como empleadas del hogar o trabajos agrícolas.

La delegada del Gobierno señaló que las condiciones laborales en las que trabajaban las inmigrantes captadas por la red eran “deplorables”,  sin registrar el alta en la Seguridad Social y en algunos casos con jornadas de hasta 14 horas diarias de trabajo y sin días libres.

El teniente coronel Ramírez señaló que el trabajo realizado por el servicio de Información de la Comandancia, en coordinación con la inspección de Trabajo determinó que este grupo criminal  trabajaba bajo el “maquillaje” de la asociación socio-cultural ‘Territorio Doméstico’ , creada para blanquear sus actividades ilegales. Asimismo, indicó que la cabecilla de la organización –una mujer de nacionalidad chilena- se hacía pasar por miembro de organizaciones como Cruz Roja o Cáritas como trampantojo para encubrir su  intención.

Ramírez señaló que en esta operación “hay un círculo vicioso basado en la vulnerabilidad de las personas que llegan a España y la codicia y la falsa caridad de las empresas o las familias que les emplean en condiciones inaceptables”. Como ejemplo, señaló que en uno de los casos, la organización criminal forzó a  abortar a una mujer para que pudiera acceder al empleo.

En cuanto a las víctimas, el teniente coronel señaló que aunque la operación está ya cerrada, la investigación permitirá determinar el número  total, ya que aunque inicialmente se han identificado a 400 personas, “es muy posible que la cifra pueda alcanzar el millar”. Así, se han mantenido contactos con  la policía de  algunos de los países de procedencia para su identificación.

La colaboración de las víctimas en la investigación determinará su futuro, ya que si aportan datos relevantes sobre la operación podrán regularizar su situación en España y acceder a un permiso de trabajo que , esta vez si, les permitirá hacerlo acorde a la ley.

La investigación policial ha dado lugar también a la actuación de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo, que ha abierto expedientes sancionadores contra los empleadores de los inmigrantes contratados en situación irregular.  Las infracciones tipificadas en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España pueden llevar asociadas sanciones económicas entre los 10.000 y los 100.000 euros.