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Nacho García, José María Guerro y Fuencisla Marugán presentaron el nuevo calendario de protestas de Correos. / KAMARERO
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Nada ha cambiado en la situación de Correos con el nuevo Gobierno, “y eso es lo triste”, asegura Nacho García, de CCOO, porque cuando el Grupo Socialista estaba en la oposición sí que se mostraba beligerante con la situación de los trabajadores de la empresa postal.

Pero tras cuatro meses de Gobierno de Pedro Sánchez, los sindicatos con mayor representación en Correos —CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre— siguen denunciando la precaria situación en la que tienen que desarrollar su trabajo. “Nos exigen dar un servicio postal universal, pero no nos dan el presupuesto necesario para hacer nuestro trabajo”, lamenta José María Guerro, de CSIF.

Por ello, tras las movilizaciones realizadas este verano por todo el país, los trabajadores de Correos volverán a la manifestarse —el próximo 7 de noviembre hay convocados paros de tres horas y manifestaciones en las capitales de las comunidades autónomas— y vivirán dos jornadas de huelga general en lo que queda de año: la primera el 30 de noviembre y la segunda el 21 y el 26 de noviembre —dependiendo de las ciudad, se realizarán un día u otro—.

José María Guerro: «Nos exigen dar un servicio postal universal, pero no nos dan el presupuesto necesario para hacer nuestro trabajo»

Las movilizaciones, recuerda Fuencisla Marugán, de UGT, habían quedado paralizadas con el cambio de Gobierno, pero tras ver que nada mejora han decidido retomarlas. “Tenemos que salir a la calle para hacer valer nuestros derechos y que se nos escuche”, insiste Guerro, para quien “Correos está abocado al desastre si no se le dota del presupuesto necesario”.

Y es que las reivindicaciones siguen siendo las mismas: retomar el convenio colectivo, paralizado desde hace más de cinco años; recuperar las partidas perdidas en los Presupuestos Generales del Estado —en 2018 han perdido 60 millones de euros en comparación con los recibidos en años anteriores, y la reducción de la financiación presupuestaria es de 180 millones en 2017-2018—; y contar con una plantilla que realmente pueda hacer frente al trabajo que requiere un servicio postal universal.

Y es que, critican los sindicatos, la plantilla está sufriendo un recorte continuo —en los últimos años, de hecho, se han suprimido en España 15.000 puestos estructurales y se ha impuesto un modelo de empleo basado en la eventualidad (35% de la plantilla) y los tiempos parciales (22% de la plantilla)—, que en la provincia de Segovia puede suponer la pérdida de unos 40 puestos de trabajo y el cierre de varias oficinas en el entorno rural, a sumar al medio centenar de empleos que se han perdido ya en la última década.