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Las dos concejalas del Grupo municipal de Ciudadanos salvaron al concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, de la reprobación del pleno de la corporación al abstenerse en la votación de la moción de Izquierda Unida que, según Ángel Galindo, portavoz de esta última formación, buscaba “autocrítica” y asunción de responsabilidades ante la prescripción del expediente de restauración de la legalidad motivado por una infracción urbanística grave en una huerta protegida de la que es copropietario el exconcejal socialista Juan Cruz Aragoneses.

IU pedía la reprobación de Reguera por no llevar a cabo las actuaciones necesarias para evitar la prescripción de la citada infracción y, además, instaba a la alcaldesa, Clara Luquero, a que rectificara sus declaraciones “por haber restado importancia a una infracción urbanística calificada como grave por la propia Audiencia Provincial” en una sentencia.

Galindo considera que este tipo de situaciones “daña a las instituciones” y, al igual que hicieron otros portavoces de la oposición, como Raquel Fernández, del Grupo Popular, o Cosme Aranguren de UPyD Centrados en Segovia, exige que el Gobierno municipal socialista ofrezca una explicación a los ciudadanos sobre lo ocurrido con este expediente que afecta precisamente a quien fue concejal de Urbanismo durante uno de los mandatos del alcalde Pedro Arahuetes.

La portavoz de Ciudanados, María José García Orejana, justifica la abstención de Cs en la necesidad de verificar antes lo que ha ocurrido realmente “sin prejuzgar proque no se conoce toda la información”, dice, e incluso llegó a pedir en el pleno al edil de Izquierda Unida que modificara la moción para solicitar “una investigación independiente y veraz” sobre el asunto a la vista “de la controversia existente por un hecho que es grave”.

‘Vieja política’

El portavoz de la formación de izquierdas, sin embargo, no aceptó esa modificación y respondió hasta en dos ocasiones y con la misma frase a Ciudadanos dirigiéndose a García Orejana un “ustedes venían a renovar la vieja política y ahora se vuelven cómplices”.

Por su parte, el candidato a reprobado, Alfonso Reguera, necesitó dos turnos de intervención para exponer las “pruebas” de lo que, en su opinión, es solo “procedimiento administrativo”. Explicó que hay dos expedientes, uno sancionador y otro de restauración de la legalidad urbanística y habló de que ha sido una “vendetta” de los responsables de otra infracción, la de los miniapartamentos ilegales en otra huerta protegida del municipio, la que inició este asunto. El edil esgrimió fechas de actuaciones, informes técnicos y hasta jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia para terminar indicando finalmente que aunque la comunicación del procedimiento de restauración de la legalidad al exconcejal Aragoneses hubiera prescrito —el Ayuntamiento ha presentado un recurso en segunda instancia que está pendiente de resolver— sí la recibió en plazo la copropietaria, y por lo tanto el trámite sigue adelante.

No consiguió convencer, sin embargo, a PP, Centrados en Segovia e IU, por lo que once concejales de la corporación sí consideran reprobable la actuación de Reguera en este caso concreto. La portavoz popular, Raquel Fernández, fue especialmente dura con las “declaraciones desafortunadas” de la alcaldesa y recordó que fue el Grupo Popular el que hizo pública la prescripción del procedimiento de restauración de la legalidad urbanística. Precisamente, en respuesta alas preguntas que esta formación había presentado por escrito, al final del pleno, el concejal de Urbanismo aclaró que no hay responsables políticos porque el procedimiento lo sigue la Unidad de Disciplina Urbanística de la Concejalía que dirige y aseguró que si “a lo largo del procedimiento se ve que ha habido algún tipo de negligencia se adoptarán medidas disciplinarias”.

Por su parte, la alcaldesa, Clara Luquero, anunció que habrá una investigación sobre todo el procedimiento en la auditoría de Urbanismo, y comentó que esta se licitará dentro de poco.

Aragoneses se libra de la sanción

El portavoz de Centrados en Segovia, Cosme Aranguren, llamó la atención en el pleno sobre un decreto de Alcaldía que, al parecer, exime de la sanción económica correspondiente al exconcejal socialista Juan Cruz Aragoneses por la infracción urbanística cometida durante las obras de rehabilitación de una vivienda situada en una huerta protegida de la que es copropietario.

El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, explicó que es la copropietaria la que figura en las solicitudes de licencia de las obras y hay varios documentos en los que esta asume toda la responsabilidad. También comentó que hay una propuesta de sanción económica según la cual esta infractora, el arquitecto, el aparejador y el director de obra tendrán que abonar al Ayuntamiento la cantidad de 27.500 euros en conjunto, en proporción con el importe que, en su caso, supondría la demolición de elementos no sujetos a la licencia, que ronda los 30.000 euros, dijo.

Desde el PP, su portavoz, Raquel Fernández, comparó esta sanción con la impuesta solo al arquitecto y aparejador de los miniapartamentos ilegales, 122.000 euros, cuando la demolición de esas construcciones tuvo un coste estimado de 60.000 euros. “Los datos hablan por sí solos”, afirmó la concejala popular, quien apunta a “un trato de favor” hacia un ex miembro del equipo de Gobierno socialista. Por otra parte, puso el acento en el “subjetivo” pricipio de proporcionalidad en cuanto a los elementos de la vivenda que no se ajustan a la liciencia y que se considerarán “fuera de ordenación”.