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La Guardia Civil llegó a contabilizar más de 1.300 peces muertos en el cauce del río Eresma a mediados del mes de junio de 2014. / EL ADELANTADO
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A mediados de junio de 2014 aparecieron centenares de peces muertos en el lecho del río Eresma, principalmente en el tramo situado entre Hontanares y Los Huertos. El servicio del SEPRONA de la Guardia Civil contabilizó más de 1.300 ejemplares muertos y se abrieron varias investigaciones, por parte de Medio Ambiente, por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) e incluso una judicial para averiguar si se trataba de un delito ecológico. Finalmente, cuatro años después ha sido el organismo que vela por la calidad de las aguas el que ha sancionado al Ayuntamiento como responsable de los vertidos no depurados de aguas residuales al río durante la ejecución de las obras de ampliación de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales).

En este sentido, tras un largo procedimiento administrativo, el pasado mes de abril el presidente de la CHD resolvió sancionar con un total de 34.746 euros al consistorio segoviano, sumando a 20.000 euros de multa, que se corresponde con una infracción de las consideradas menos graves, otros 14.746 en concepto de indemnización por los daños causados en el dominio público hidráulico.

El Gobierno municipal socialista ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo frente a esa resolución, del que se ha hecho cargo ya la asesoría jurídica a través del contrato con el despacho de Vázquez y García Abogados.

Sanción abonada

En cualquier caso, la alcaldesa dictó un decreto el pasado junio para hacer frente al gasto que supone esta sanción, que ya se ha abonado, aunque la concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Paloma Maroto, ha informado de que si no prosperase el recurso judicial, el Ayuntamiento repercutirá el coste de la sanción a la empresa pública Acuaes (Aguas de las Cuencas de España), que fue la que adjudicó y dirigió las obras de ampliación de la EDAR de Segovia, que gestiona la empresa GS Inima Enviroment, licitadora que se hizo con el contrato junto al grupo OHL.

Maroto ha explicado a El Adelantado que la depuradora no funcionó a pleno rendimiento durante las obras pero que el Ayuntamiento contaba con una autorización provisional de la CHD para un vertido parcialmente depurado durante su ejecución, un permiso que estaba en vigor cuando ocurrió la mortandad de peces en el río.

La edil añade que, a pesar de contar con esa autorización, la Confederación inició un expediente sancionador y ya en 2015 el equipo de Gobierno municipal presentó alegaciones porque en un primer momento el organismo de gestión y de regulación de la cuenca del Duero llegó a calificar la infracción como grave, y comunicó la imposición de una multa superior a los 50.000 euros.

Tanto Acuaes como el propio Ayuntamiento presentaron abundante documentación, que incluía fotografías, para justificar la actuación de los responsables de la EDAR en el episodio ocurrido en el Eresma, ya que Maroto señala que coincidió con una disminución notable del caudal ecológico del río, entre otros motivos por medidas que la propia CHD había tomado días antes.

“Coincidieron varias circunstancias y, aunque la depuración no fuera todo lo buena que es ahora mismo, cumplía con los márgenes autorizados para el tiempo que durasen las obras”, añade la responsable política de este servicio municipal.

Maroto comenta, por otra parte, que en su resolución, la Confederación ni explica ni justifica los motivos de la sanción, ni responde a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, aunque sí rebaja la calificación inicial de la multa, manteniendo la indemnización fijada desde un primer momento.

Los responsables del Gobierno municipal socialista confían en que el recurso contencioso-administrativo sea favorable para los intereses del municipio pero, en cualquier caso, insisten que no supondrá un coste para las arcas municipales, ya que se restaría la sanción pagada a la Confederación del canon anual que el Ayuntamiento tiene que abonar a Acuaes por la explotación de la EDAR.

Se da la circunstancia de que tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la sociedad pública Acuaes dependen orgánicamente en la actualidad del Ministerio para la Transición Ecológica, y con el anterior Gobierno del PP ambas estaban encuadradas en el organigrama del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Colector

Cuando se produjo la mortandad de peces en junio de 2014, tanto la CHD como la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia señalaron a una disminución en la calidad de las aguas del río Eresma derivada de las obras de ampliación y mejora de la estación depuradora de Segovia. Además se apuntó como otra posible causa la avería en un colector de aguas residuales de la capital segoviana.

En cualquier caso, el propio delegado territorial, Javier López Escobar, comentó a principios de julio de ese mismo año que “no tenemos ningún dato que nos permita decir que fue una causa única, sino que más bien parece un conjunto de circunstancias que en esos días se conjuntaron”.

17 sanciones por vertidos en 2014

La última estadística de expedientes sancionadores resueltos por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) es precisamente de 2014, según la información publicada en su web —www.chduero.es—. En la provincia de Segovia se resolvieron ese año 39 expedientes, del casi medio millar de toda Castilla y León y 17 estuvieron relacionados con vertidos, uno menos que los abiertos por riegos no autorizados. El resto se debieron a ocupaciones de cauce, cortas y obras en el cauce.

De los 426 expedientes sancionadores que se registraron ese año en la Comunidad Autónoma, en solo uno de los casos la infracción fue calificada como grave (multa entre 50.000 y 500.000 euros, según el régimen sancionador del Capítulo VIII de la Ley de Aguas).

Hubo 12 infracciones menos graves (multa entre 10.000,01 euros y 50.000 euros). Se trata de la misma calificación que ha merecido la actuación del Ayuntamiento de Segovia por la mortandad de peces en el río Eresma en junio de 2014, debida a vertidos no autorizados por el mal funcionamiento de la depuradora, según la Confederación.

El resto de sanciones estuvieron motivadas por infracciones leves (multas de hasta 10.000 euros) y no hubo ninguna por infracción muy grave (multa de 500.000,01 euros a 1.000.000 de euros).

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