Aplazada la vista oral por el homicidio en Chañe al no comparecer dos de los acusados

Las defensas de los inculpados solicitaron la suspensión del juicio al considerar que las declaraciones de los dos incomparecientes resultan “imprescindibles” para el desarrollo de la causa judicial

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La incomparecencia de dos de las cinco personas inculpadas obligó ayer a la Audiencia Provincial de Segovia a aplazar la vista oral por el homicidio de un joven de nacionalidad rumana ocurrido en mayo de 2011 en la localidad segoviana de Chañe, quetendrá lugar definitivamente los días 8 y 9 de osctubre.

La sala de vistas de la Audiencia Provincial albergó ayer el juicio, que ayer no pudo celebrarse y que finalmente se resolvió con la suspensión tras las consultas realizadas por el presidente de la sala, el magistrado Ignacio Pando Echevarría tanto al ministerio fiscal como a la acusación particular y a las defensas de los inculpados.

Aunque inicialmente el juicio estaba convocado para las diez de la mañana, la ausencia de dos de los incomparecientes M.F.C y C.M, ambos de nacionalidad rumana, retrasó el inicio de la vista oral a la espera de su llegada, ya que habían sido citados en tiempo y forma adecuados.

Según explicaron los letrados de la defensa, uno de los dos incomparecientes vive y trabaja en Sevilla, y al parecer en la conversación mantenida con su abogado interpretó mal el día fijado para el juicio, pensando que tenía que desplazarse hoy miércoles en lugar de ayer martes. Para garantizar su presencia en los días fijados para la nueva vista oral, la Audiencia Provincial ha ordenado su detención.

En el caso del otro incompareciente, llegó con retraso al juicio procedente de Cuéllar, y al serle comunicada la suspensión, decidió regresar a su pueblo sin esperar a una nueva citación.

Algo más de una hora después, el magistrado Pando Echevarría abrió el juicio consultando tanto al ministerio fiscal como a los letrados de las defensas sobre la conveniencia de celebrar el juicio . Aunque todas las partes coincidieron en considerar la suspensión como la decisión más lógica, desde el ministerio Fiscal se propuso la posibilidad de comenzar la vista con la declaración de los testigos antes que la de los inculpados, ya que la práctica totalidad de ellos son de nacionalidad rumana y algunos de ellos han expresado su intención de regresar a su país en las próximas semanas.

Las defensas rechazaron esta posibilidad, argumentando que la causa, al ser un procedimiento sumario, exige que todos los acusados estén presentes en el juicio, y señalaron que la declaración de los testigos anterior a la de los inculpados «rompe la unidad de acto, y tendría efectos irreversibles», según manifestó uno de los letrados durante el debate.

Las partes acordaron también tomar declaración a la hermana de la víctima, que se trasladó a Segovia procedente de Rumanía con el único objeto de ratificar la reclamación de la indemnización por responsabilidad civil subsidiaria, cifrada inicialmente en 210.000 euros.

Finalmente, todo se redujo a un problema de ajuste de agendas entre los letrados de las partes y la Audiencia Provincial, que determinó que la vista oral será los días 8 y 9 de octubre, dando por finalizada la fallida vista oral.

Los 27 testigos citados para el juicio fueron llamados «in situ» para recibir una nueva citación judicial con la que tendrán que comparecer el próximo mes para declarar en la vista oral.

La Fiscalía, en su escrit de conclusiones provisionales solicita una pena de 12 años de prisión para un varón, también de nacionalidad rumana, al que considera autor material de los golpes que causaron la muerte a su compatriota. Además, el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario a dos mujeres, técnicos de Sacyl, que la noche de la agresión hicieron una somera exploración al paciente y trasmitieron al médico regulador que únicamente tenía una intoxicación etílica, según el relato de la fiscal del caso. Ambas se enfrentan a penas de 18 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante cuatro años.

Otros dos varones, asimismo rumanos, que acompañaban al principal acusado, son considerados autores de un delito de omisión del deber de socorro, por el que podrían ser condenados a multas de 2.400 euros, cada uno, o bien a un día de privación de libertad por cada dos cuotas de la multa impagadas.

El ministerio Público considera probado que tanto el presunto autor material como los otros dos acusados agredieron a la víctima al salir de un bar de Chañe a altas horas de la madrugada tras mantener una fuerte discursión, que le ocasionó graves lesiones internas y externas. Tras ser inicialmente atendido por las asistencias sanitarias, fue trasladado por un amigo a casa de su tío, que lo encontó al día siguente en estado de máxima gravedad, y aunque fue trasladado al Hospital Rio Hortega de Valladolid, falleció horas después al no poder recuperarse de las heridas.

Los cinco acusados deberán también afrontar una indemnización por responsabilidad civil que asciende a 210.000 euros ,

que deberá asumir el Sacyl en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.

Dudas razonables

La abogada del considerado autor material de la agresión que costó la vida al joven rumano, Julia González-Herrero, sostiene la tesis de que existen «dudas razonables» que exculpan a su representado de ser el causante de la muerte de su compatriota. González-Herrero asegura que C.V.D. de 43 años reconoce que discutió con la víctima en el bar y que le propinó «un tortazo» en el transcurso de la riña, siendo esta la única agresión de la que afirma ser el responsable. La abogada asegura que «hay pruebas muy evidentes de que él no fue el autor, y para una condena de esta naturaleza como la que se pide desde la fiscalía uno tiene que estar seguro absolutamente de la autoría», y apunta a que el verdadero autor de la paliza que causó las lesiones que costaron la vida a la víctima «está aún por conocer».

«Creo que unas lesiones tan bestiales como las que teníala víctima no pudieon pasar desapercibidas para los técnicos del Sacyl que le atendieron -aseguró- y que estuvieron cerca de una hora atendiéndole en presencia de la Guardia Civil sin advertir ningún sigono exterior de violencia; luego cabe pensar que las lesiones se produjeron en el lapso de tiempo que se produjo entre la atención dispensada por los sanitarios y el traslado hasta casa de su familiar, donde pasaron cerca de seis horas hasta que volvió a requerirse la presencia del 112″. González Herrero considera en este sentido «muy importante» el testimonio tanto de los sanitarios que atendieron a la víctima como el de los dos compañeros de la víctima que le acompañaron en el momento de la supuesta agresión, ya que en su opinión determinará la ausencia de pruebas en contra de su defendido.