Alrededor de 2.100 familias segovianas no disponen de ninguna renta

El PSOE de Segovia informa de que el Grupo Socialista en el Congreso promueve el Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación para hacer frente a las necesidades básicas

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Alrededor de 2.100 familias segovianas pueden estar en situación de necesidad al no disponer de ninguna renta, según señala el PSOE de Segovia, que afirma que ha trasladado los datos sobre renta disponible del INE a la provincia. El secretario general de los socialistas en Segovia, Juan Luis Gordo, ha aportado este dato para informar de que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, al que pertenece, promueve el Ingreso Mínimo Vital para estas situaciones, como una prestación con la que puedan afrontarse las necesidades más básicas.

Gordo ha añadido que esta medida se incluye en el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza que propone el PSOE y que busca “acabar con la penuria que sufren muchas familias, con especial ahínco en los niños, y terminar con la gran desigualdad instalada en nuestra sociedad”.

Según el secretario provincial, esta nueva prestación debería incluirse en los próximos Presupuestos Generales del Estado, como no contributiva al sistema de la Seguridad Social y coordinada con el subsidio por desempleo, con iguales garantías, de manera que cuando se agote este último inmediatamente se dé paso al citado ingreso mínimo.

Tregua social energética Por otra parte, Gordo asegura que “los socialistas hemos conseguido la tregua social energética para que no haya ningún corte de luz a ninguna persona en situación de vulnerabilidad”.

En este caso, la estimación del PSOE de Segovia es que puede haber en la provincia unas 7.500 familias segovianas que podrían beneficiarse de la medida. El secretario del PSOE en Segovia pone en valor que el PP en el Gobierno de España haya admitido esta propuesta socialista, “que esperamos sea efectiva lo más rápidamente posible y extender a otras áreas energéticas como el gas”.

Por otro lado, Gordo ha calificado de “poco transparente e inadecuada” la forma en la que el Gobierno Rajoy aplica la ‘Regla de Gasto’, ya que, a su juicio, penaliza a los ayuntamientos y reduce su capacidad de maniobra para cubrir gastos sociales.