Las Cortes en el momento de la promulgación de la Constitución de 1978. / EFE
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histEl pasado 6 de diciembre se celebró el 40 aniversario de la Constitución de 1978. Los cambios sociales de estas cuadro décadas han llevado a las diversas sensibilidades políticas a cuestionar el texto. Sin embargo, nos olvidamos que la historia constitucional española tiene su comienzo hace más de 200 años a lo largo de los que se han producido cambios que han permitido llegar a nuestro sistema actual. La Constitución, como garantía de libertades, derechos fundamentales e igualdad para todos los españoles, nos otorga la norma sobre la que se ha construido nuestro Estado Social, Democrático y de Derecho.

El Archivo Histórico Provincial ha organizado una exposición que permite recordar la historia de nuestra trayectoria constitucional a través de piezas, periódicos y documentos, todos ellos originales de época, que incluyen primeras ediciones y objetos constitucionales muy singulares, con una referencia especial a las Constituciones de 1812 y 1978. Estas dos fechas, separadas por 166 años, marcan el principio y el final de un periodo convulso, presidido por las revoluciones políticas y sociales a través de las cuales ha navegado la Historia Contemporánea de España.

En palabras de Miguel Artola, la Guerra de Independencia no fue capaz de hundir el Antiguo Régimen, pero rompió su línea de flotación. Es decir, el orden político que había sobrevivido hasta esa fecha entró en quiebra y en este estado de zozobra se mantuvo durante años provocando idas y venidas en el proceso constitucional español hasta bien entrado el siglo XX. Quizá, en el bagaje cultural de los españoles están muy presentes las constituciones de 1812, 1931 y 1978. La llamada “La Pepa”, por haber sido aprobada el 19 de marzo de 1812, conforma el 1º texto constitucional y por tanto, el referente de cambio hacia la etapa de una España contemporánea. En 1931, la Constitución aprobada durante la 2ª República es otro hito del proceso por ser considerada como verdaderamente democrática, generalizar el sufragio universal y establecer las bases del Estado Social. Por último, la Constitución de 1978 es el patrón que rige el ordenamiento jurídico y el marco de las actividades políticas.

El proceso constitucional español arrancó de facto con una “Carta Otorgada” llamada el Estatuto de Bayona de 1908, por el cual Napoleón, sin el consenso de la soberanía nacional y en plena Guerra de la Independencia, intentó establecer un marco jurídico similar al francés post – revolucionario. La historiografía española de los años posteriores negó la importancia del Estatuto de Bayona y su reflejo en muchos artículos de la Constitución de 1812, en especial en lo referido a la organización de la Administración Pública. Esta presencia, nunca citada, dio pie a la forma de gobierno que el mismo Fernando VII impondría tras la suspensión de la Constitución en 1814.

La Constitución de 1812, es el primer intento de crear un estado democrático en España, regido por los principios de los revolucionarios franceses de libertad, fraternidad e igualdad. El poder del estado se basaba en la soberanía nacional, representada en las Cortes que en ese momento se encontraban sitiadas en la isla de León, el casco histórico amurallado de Cádiz, durante la Guerra. En las Cortes gaditanas estaban representadas todas la provincias, incluidos los territorios españoles de América y Filipinas, a través de sus diputados. El primer deber de los reunidos en Cádiz fue dotar de una Constitución que reconocía a Fernando VII como rey y este reconocimiento, fue el mayor escollo de texto. A su regreso Fernando VII se vio obligado a jurarla, pero nunca la aceptó y, en cuanto tuvo la ocasión, en 1814, suspendió la Constitución, anulando todo cuanto en ella se contenía. Sin embargo, esta primera Constitución se convertiría en el modelo de muchas otras como la también española, de 1937 y de muchos otros textos de los países europeos de la cuenca del Mediterráneo y de América del Sur.

Los vaivenes revolucionarios volvieron a aflorar en 1820, cuando el General Riego sublevó al ejército expedicionario que debía embarcar hacia América en pueblo de Las Cabezas de San Juan (Cádiz) proclamó de nuevo la Constitución del 12. La Pepa volvió a estar en vigor durante otros tres años.

La conspiración que Fernando VII llevaba a cabo para recuperar el poder absoluto, encontró eco en la Europa posterior a Napoleón y una fuerza internacional, “los 100.000 hijos de San Luis” entro en España y suspendió la Constitución retornando al absolutismo de Antiguo Régimen hasta la muerte de Fernando VII en 1833.

La muerte del rey y la minoría de edad de la reina Isabel II abrieron un periodo convulso de guerras civiles conocidas como Guerras Carlistas. La reina regente, Mª Cristina de Borbón, ante el intento de acceder al trono por parte de su cuñado, el infante don Carlos, se apoyó políticamente en los liberarles que garantizaban el trono a la reina niña y, pese a su propia ideología, permitió que el Gobierno otorgara una nueva Carta, conocida como el Estatuto Real de 1834, para vestir de “democracia” un régimen que se resistía a los cambios.

Poco duró el Estatuto. En 1836, la “Sargentada de la Granja” inició un proceso revolucionario que culminó con la aprobación de una nueva Constitución en 1837. Era una reforma moderada del texto de 1812. Estuvo en vigor hasta la involución conservadora que llevó a las Cortes a redactar otra Constitución en 1845 que será el último intento de mantener el estatus heredado del Antiguo Régimen.

Los conservadores tampoco lograron la deseada estabilidad política. Pocos años después en 1854 los liberales se hacían con el poder y las nuevas Cortes Generales se embarcaron en un proceso constituyente cuyo resultado no llegaría a ver la luz: la llamada Constitución No Nata de 1956. Sin embargo, los aires de democracia ya se habían levantado y este proyecto conformará los cimientos del siguiente intento democratizador de la España del siglo XIX. En 1968, la Revolución Gloriosa desencadenará el derrocamiento de Isabel II y la redacción del que sería el cuarto texto constitucional. La llegada de Amadeo de Saboya como Rey de España, su abdicación diez meses después y la proclamación de la I República española, obligó recomponer el texto para convertirlo en una Constitución federal y republicana que no llegó a entrar en vigor.

La entrada de Pavía a caballo en el palacio de las Cortes y el levantamiento de Martínez Campos en Sagunto dieron al traste con el proceso republicano y la monarquía fue restaurada en la persona de Alfonso XII. Antonio Cánovas del Castillo, Presidente del Gobierno, se encargó de iniciar un nuevo proceso constituyente que culminó con la promulgación del texto el 30 de junio de 1876. La Constitución de 1876 abrió el periodo constitucional más largo de la historia de España, 47 años que van desde 1876 a 1923, hasta su suspensión durante la dictadura de Primo de Rivera. Como era de esperar fue aceptada con desgana por amplios sectores de la sociedad. En 1914, los deseos de reforma constitucional tomaron cuerpo en el intento de Melquiades Álvarez, jefe del partido radical, que presentó un proyecto de reforma que nunca llegó a aprobarse.

Primo de Rivera, una vez terminada la Guerra de Marruecos, trató de maquillar su dictadura a través de otra carta otorgada, encargada a la Asamblea Nacional Consultiva, elegida en un plebiscito informal, que redactaría el llamado Estatuto Fundamental de la Monarquía de 1929.

Las elecciones municipales de febrero de 1931 y la abdicación de Alfonso XIII, precipitaron el advenimiento de la II República que redactó la primera Constitución verdaderamente democrática en España. Reconocía el sufragio universal igual para hombres y mujeres, la libertad religiosa y el estado social, democrático y de derecho, y la diversidad territorial de las regiones españolas, temas que hoy ya nadie discute.

El alzamiento del 18 de julio de 1936 y el estallido de la Guerra Civil, impuso la suspensión de la Constitución en las zonas controladas por los franquistas, mientras seguía en vigor en las zonas controladas por los republicanos. Desde el 1 de abril de 1939, con el fin de la Guerra, quedó suspendida definitivamente en todo el territorio abriendo paso a los 40 años de la dictadura de Franco. En 1968, presionado por la situación internacional y tratando de vestir el régimen de democracia, publicó en el Boletín Oficial del Estado una carta otorgada conocida como Ley Orgánica del Estado, texto legal del franquismo que más quiso parecerse a una constitución.
Tras la muerte de Franco, las Cortes franquistas aprobaron el 4 de enero de 1978 la Ley para la Reforma Política que abría las puertas a la redacción de una Constitución y convocaba elecciones a Cortes. Éstas, nada más tomar posesión, se declararon constituyentes, encargaron la redacción del texto a los 7 “Padres de la Constitución” y tras los trámites parlamentarios, fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Por fin se abrían las puertas al estado social, democrático y de derecho en España que ha llegado hasta hoy.

La exposición invita a adentrarse en el constitucionalismo español partiendo de “La Pepa” y pasando por demás constituciones del siglo XIX, la Constitución republicana del 31 y la actual Constitución de 1978. También se pueden conocer otros proyectos constitucionales y cartas otorgadas como el Estatuto de Bayona, o el Estatuto Real y el proyecto de la Constitución Federal de la I República.

La primera parte se refiere a la época de la Constitución de 1812, incluyendo originales raros del Estatuto de Bayona, del Proyecto de la Constitución editado en 1811, de la 1ª Edición de impresa en Cádiz o las “Polveras” de la Constitución de 1812, de las que de una de ellas sólo se conocen cuatro ejemplares completos en el Congreso, el Archivo Histórico Nacional, Museo de las Cortes de Cádiz, y este ejemplar. Destaca una baraja Constitucional realizada en 1822, durante el Trienio Liberal y las medallas conmemorativas constitucionales.

Las piezas destacadas en la exposición, las llamadas ‘Polveras de la Constitución’, son unas pequeños cajas cilíndricas que contienen los textos, utilizadas como objeto simbólico y de difusión, tanto oficial como clandestina, y resumen la evolución constitucional española.

El recorrido muestra ediciones singulares del Estatuto Real de 1834 y de las Constituciones de 37, de 45 y de 69. Así como el Proyecto Federal de 1873 de la I República, que no se llegó a aprobar el Congreso, acompañadas de medallas conmemorativas de época de Isabel II.

La Constitución republicana de 1931 es protagonista en la Gaceta de Madrid cuando entra en vigor, con un ejemplar realizado de difusión, una escarapela republicana y una de sus “polveras”.

La parte principal de la exposición es la referida a la Constitución de 1978. Se incluyen periódicos con noticias sobre el Referéndum Constitucional, papeletas de votación, pegatinas y chapas publicitarias, la edición de la Constitución que se distribuyó para el referéndum, medallas conmemorativas, la primera edición de la Constitución de 1978, realizada el 30 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado de la que se editaron pocos ejemplares o fotos de la Agencia EFE del momento en el que el Rey sanciona el texto. Se incluyen piezas singulares, como un cartel publicitario del referéndum y las “polveras”, que como objetos que resumen nuestra rica historia constitucional, fueron recuperadas durante de II República para difundir la Constitución del 31 y que volvieron a realizarse en 1978. Una “polvera” como la que se muestra viajó al espacio acompañando a hoy Ministro de Ciencia, Pedro Duque, en su etapa de astronauta.

La exposición se completa con cuatro urnas de votación que explican la evolución del sufragio en España. Destaca el modelo de urna en que las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto por primera vez en 1933 y un escaño del Congreso de los Diputados donde llama la atención el sistema de votación y megafonía de la época. Pero lo más sorprendente es el cenicero empleado por los diputados que, como Santiago Carrillo del Partido Comunista, recordamos con su cigarro los que ya tenemos cierta edad.

La mayoría de las piezas de esta exposición proceden de la Colección de Constituciones Históricas Españolas que consta de 250 piezas encontradas y adquiridas por el coleccionista Víctor Miguélez Fernández (León) y han sido adquiridas en subastas, librerías de viejo, compras a particulares y anticuarios, no sólo de España sino también en Francia, Argentina, Uruguay, Chile o Estados Unidos.
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(*) Directora del Archivo Provinicial.