Un momento de la visita de los responsables de la Junta a la empresa espinariega. / el adelantado
Un momento de la visita de los responsables de la Junta a la empresa espinariega. / el adelantado
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La Junta de Castilla y León valora el esfuerzo de la empresa espinariega Autocares Saiz Garrido, por mantenerse en constante renovación y por su compromiso con la calidad del servicio que prestan y con la formación permanente de sus trabajadores. El director general de Transportes, Ignacio Santos, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López-Escobar, visitaron el martes El Espinar para conocer las renovadas instalaciones esta empresa familiar de transporte de viajeros. En la visita estuvieron acompañados, además de por los directivos de la empresa, por la alcaldesa de El Espinar, Alicia Palomo, y por el director general de la Agrupación Segoviana de Empresarios de Transportes (Asetra), Fernando García. Los responsables de la Junta recorrieron las naves y oficinas de Autocares Saiz Garrido en el Polígono Industrial Los Llanos, donde poseen la base desde la que desarrollan su actividad principal en una parcela de 10.000 metros cuadrados, con una superficie de 3.000 metros construidos dedicados a garajes, administración, mantenimiento y reparación de los vehículos de su flota.

Esta pyme remonta sus inicios a 1958. Desde entonces no ha perdido su carácter familiar —la tercera generación ya se ha incorporado al equipo directivo de la empresa— y mantiene su vinculación al territorio en el que inició su andadura, El Espinar. En esta larga trayectoria, la empresa no ha dejado de actualizarse, ampliando y renovando su flota, acondicionando sus instalaciones, con una nueva y moderna imagen corporativa y creando un aula docente. A este último apartado, Autocares Saiz Garrido dedica un importante esfuerzo con la formación continua de sus trabajadores, así como impartiendo cursos de prácticas no remuneradas a otros centros, empresas o autoescuelas.

Juan Andrés Saiz Garrido, Juan José Saiz Garrido y Juan Andrés Saiz Lobo guiaron a los responsables de la Junta en la visita por las instalaciones de la empresa, y el director general de Transportes y el delegado territorial destacaron este continuo compromiso con la formación, tanto dentro de la empresa como en colaboración con otros centros, y con la calidad del servicio público que prestan. En este sentido, en la actualidad la empresa tramita la obtención de los certificados de calidad ISO 9001, ISO 14001, EN 13816 y OHSAS 18001.

La Junta reconoce el carácter universal y de servicio público esencial del transporte público de viajeros por carretera para el acceso, en condiciones de igualdad, a los servicios públicos básicos, y así se establece en la nueva Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León, aprobada por el Gobierno regional. La ley está diseñada para una comunidad eminentemente rural, por ello se da rango normativo al transporte rural, como reconocimiento a una de las singularidades fundamentales de la movilidad de este territorio, donde, además, lo rural y lo urbano se complementan, y en el que es preciso dar respuesta en términos de movilidad tanto al 80 por ciento de población que vive en el 12 por ciento de los municipios, como dotar de transporte público a ese 88 por ciento de municipios donde viven el 20 por ciento de los habitantes de Castilla y León.

La ley garantiza la accesibilidad universal del transporte público en todo el territorio en donde haya un asentamiento fijo de población, convirtiendo la movilidad en un instrumento decisivo en la lucha contra la despoblación. Para ello, declara el transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano y urbano como servicio público de titularidad de la Administración y, consecuentemente, responsabiliza a la Administración de la adecuada sostenibilidad económico-financiera del sistema que se nutrirá de los ingresos tarifarios, la explotación de otros recursos adicionales y de las aportaciones públicas necesarias en el caso de que el servicio fuera deficitario.

En este contexto, la ley pone al ciudadano en primer plano al regular, por primera vez, un catálogo de derechos de las personas usuarias y tiene en consideración la visibilización de las personas de movilidad reducida para la adecuada integración de su movilidad en los servicios de transporte público y en las infraestructuras complementarias al transporte.

La nueva normativa garantiza un transporte público de calidad, moderno, seguro y eficiente, incorpora las nuevas tecnologías al servicio del usuario y contribuye a la lucha contra el cambio climático, obligando a una ‘movilidad sostenible’.