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Opinión
COLABORACION
Memoria amarga del Yak
Tribuna
Antonio Casado


La memoria amarga del Yak 42 aflora después de la reunión de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, con los familiares de las víctimas del yakolev 42 (62 militares muertos). Dicen éstos sentirse “aliviados” por la voluntad oficial de asumir el dictamen del Consejo de Estado que, sin entrar en el terreno judicial, hace responsable de lo ocurrido el 29 de mayo de 2003 al Ministerio cuyo titular era entonces Federico Trillo, actual embajador de España en Londres.

Quedamos a la espera de saber cómo se materializa el cambio de actitud del Gobierno, que asume el espíritu y la letra del dictamen, amen de prometer una revisión de cabos sueltos en el proceso indagatorio efectuado en su día. Ese cambio compromete al Gobierno para decir la verdad, reconocer que las cosas se hicieron mal, pedir perdón y dejar de mezclar el plano judicial con el político.

Recordemos que hace unos días, cuando Rajoy fue preguntado por el asunto, echó balones fuera apelando a que el asunto estaba judicialmente sustanciado. De las declaraciones de la ministra Cospedal se desprende que, a partir de ahora, el Ejecutivo se propone distinguir entre la absolución judicial de la absolución moral. La primera, efectivamente, se sustanció con la condena de tres militares de alta graduación, pero no apreció responsabilidad penal en los miembros del Gobierno. En cambio, su absolución moral nunca se produjo. Siempre fue una asignatura pendiente en estos trece años. Esta es la novedad, que ahora el Gobierno sí parece dispuesto a aceptarla, a juzgar por las declaraciones de la ministra Cospedal.

Falta hace porque los cabos sueltos hacen sentir vergüenza a la gente decente. Ha sido doloroso comprobar la soledad en la que han venido trabajando los familiares para sentirse moralmente arropados, al menos eso, mientras denunciaban la indignidad. Porque indigno es que nadie pagase políticamente por tratar a unos servidores de su país como si fueran reses en un transporte militar plagado de irregularidades.

En nuestra memoria amarga del hecho vive aún aquel bochornoso proceso identificador de los cadáveres, que tanto dolor produjo a sus familias y que se saldó con la condena judicial de tres militares (uno de ellos, fallecido) posteriormente indultados.

El delito fue “falsedad en documento”, endosado a quienes se ahorraron el molesto trámite de identificar correctamente los restos de 30 de los fallecidos.

La memoria de unos seres queridos, abolida de un plumazo. Los sentimientos más íntimos, sacrificados a la prisa del gobernante por pasar página. Claro que las firmas de Aznar y Trillo no aparecían en el soporte documental de la identificación y traslado de féretros. Pero sí fueron ellos quienes decidieron la celebración del funeral televisado apenas cuarenta y ocho horas después del lamentable suceso.


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