Amargen de si conviene o no su instalación, al margen de las garantias de seguridad, al margen de cual sea el lugar mas adecuado para su emplazamiento, al margen digo, de toda la polémica desatada estos días sobre el particular; este asunto ha servido para poner de manifiesto la cruda realidad que desde hace mucho tiempo vienen sufriendo una significativa parte de los pueblos de España, especialmente los más pequeños, como es, un presente difícil y un futuro incierto debido a la despoblación y a la falta de inversiones. “No importa correr algún riesgo con tal de que nuestros pueblos no perezcan”. Estos podrían ser los motivos que han impulsado a tantos alcaldes que han visto en esta circunstancia una oportunidad para salir de su situación.

Me atrevería a asegurar que dichos motivos son compartidos por los 4.863 alcaldes de otros tantos municipios menores de 1.000 habitantes (que representan el 60 por ciento del total de los ayuntamientos españoles y de estos, 1.074 menores de 100 habitantes) y que tambien hubieran solicitado la instalación del ATC, pero no lo han hecho, porque a pesar de lo que declara el Artº 142 de nuestra Constitución se las ven y se las desean para sacar adelante los asuntos normales de sus ayuntamientos por falta de medios económicos y humanos, cuanto más para meterse a incoar un expediente sin esperanzas de que prospere.

La verdad es que hubiera sido un inmenso clamor en señal de protesta por su situación. Aunque resulte demasiado iluso, ¡déjenme que sueñe por un momento. ¡Qué bueno sería que esta situación sirviera para hacer reaccionar a las distintas administraciones, pero no para hacer una vez más unas bonitas declaraciones, sino para adquirir un compromiso serio, concreto y urgente para combatir este grave problema antes de que sea demasiado tarde, salvo claro está que no les importe que a corto plazo desaparezcan buena parte de nuestros pueblos.

Que sórdidos, torpes y censurables resultan aquellos planteamientos que descuidan la atención al medio rural por ofrecer menos apoyo electoral que el urbano. A este respecto no puedo dejar de alabar unas recientes declaraciones del ministro de Educación, Ángel Gabilondo que a propósito del necesario pacto por la educación dijo textualmente: “Hemos de legislar para las generaciones y no para las elecciones”.  ¡Este sin duda debe ser el espíritu que debería animar a los que nos dirigen!. Insisto; desde hace demasiado tiempo, desde cualquier foro o parlamento, no se deja de hablar del problema del envejecimiento y sus consecuencias, pero pasan los años y el problema no solo no se resuelve sino que se agrava por momentos, las soluciones que se apuntan no llegan y mientras tanto la gente y nuestros pueblos se van muriendo. Creo sinceramente que el problema no son las dificultades para resolverlo sino la falta de voluntad real de los que pueden hacer algo verdaderamente eficaz para arbitrar medidas para su solución, partiendo en primer lugar de la eliminación de tanta traba burocrática para que de una forma ágil y eficaz lleguen a sus destinatarios, los ciudadanos.

Si los ayuntamientos son la parte del Estado más cercana al ciudadano (se dice que somos el Estado en traje de faena), qué decir de los mencionados 4.863 menores de 1.000 habitantes y de estos, muy especialmente de los 1.074 de Concejo Abierto, sin un mal alguacil, con cuatro horas de secretario a la semana, sus alcaldes sin un mal euro de sueldo y no pocas veces desatendiendo sus intereses particulares y todo por servir a nuestros convecinos y ¡por qué no decirlo! por contribuir con esos servicios a mantener el buen nombre de nuestros partidos, aunque no podamos con ellos compensar los efectos negativos de tanto escándalo a otros niveles.

Las inversiones que más aseguran el futuro de nuestros pueblos son aquellas que promueven su continuidad; están bien por supuesto las destinadas a su mantenimiento urbano, pero sin las encaminadas a combatir la despoblación aquellas no servirán para nada.

Para conseguir este necesario desarrollo debemos implicarnos todos, ciudadanos, asociaciones de todo tipo y ayuntamientos, pero repito, básicamente las distintas administraciones de las que sus dirigentes deben tener muy presente en su conciencia la Constitución que en su día juraron o prometieron cumplir y hacer cumplir en servicio de sus ciudadanos.

(*) Alcalde de Navares de la Cuevas y presidente de la Asociación de Municipios con Concejo Abierto.