David San Juan – Educación pública y concertada (I)

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Vivimos en un país de libertades y las libertades están para ejercerlas. Este aserto tan sencillo es la piedra angular de la convivencia en nuestra sociedad, es fácil de entender y cabría esperar que fuera respaldado y defendido por todos los agentes sociales. Pero parece que, en algunas ocasiones, esto no ocurre.

La educación es un pilar básico de la sociedad, quizá el más importante de todos por su trascendencia y su largo recorrido. Todos somos, de alguna manera, lo que hemos aprendido. Quizá es por eso que, en el fango político, el modelo educativo sea un tema recurrente y los lugares comunes se hayan convertido en arma arrojadiza al servicio de las ideologías al uso. Son venablos fáciles de manejar y le hacen quedar a uno estupendo, especialmente en campaña electoral.

Pero los agentes sociales más importantes no son los partidos políticos, claro que no, ni siquiera las instituciones. La base de la sociedad somos las personas y las familias que algo tendremos que decir sobre la educación que queremos para nuestros hijos. Viene esto a colación de un reciente artículo publicado en este periódico en el que la formación política Izquierda Unida denunciaba una supuesta doble financiación a la educación concertada. Somos muchos los que nos hemos sentidos molestos, que no sorprendidos, por este enésimo trágala que se nos quiere administrar sin habernos consultado. Bien, pues en esta tribuna repartida en dos entregas, aunque venga rubricada con un solo nombre, se quiere expresar la opinión sosegada y constructiva de muchos padres y madres de familia que defendemos abiertamente el modelo educativo actual y el ejercicio de nuestra libertad en esta materia. Los errores y excesos que puedan aparecer son por cuenta del que firma.

La educación es un servicio público. Así de sencillo. Y en la definición de este concepto podemos hallar la clave para comprender y echar abajo de una vez por todas la tan manida controversia entre educación “pública” y concertada. Lean conmigo: “se denomina servicio público a la actividad que desarrolla un organismo estatal o una entidad privada bajo la regulación del Estado para satisfacer cierta necesidad de la población”.

Son tres las ideas que subyacen y se conjugan en esta definición de servicio público: necesidad, iniciativa y regulación. Hoy en España, al igual que en el resto de sociedades avanzadas, disfrutamos de un modelo educativo capaz de cubrir esta necesidad social, gracias a la iniciativa de entidades no gubernamentales y a la regulación del Estado, que actúa como responsable subsidiario.

Uno de los principios más elementales de un sistema democrático saludable es la participación de la sociedad civil, convicción ésta que todas las opciones políticas comparten sin mayores titubeos. Por ejemplo, en otro artículo publicado el mismo día que el ya referido, el candidato a la alcaldía de Segovia por Izquierda Unida, Ángel Galindo, afirmaba que “la ciudadanía será el centro de las decisiones políticas”. Bien está; así es como debe ser, siempre que no se empleen los términos “ciudadanía” y “ciudadano” como conceptos utilitaristas que puedan degradar los de sociedad y de persona, muy por encima de cualquier planteamiento ético o político.

La iniciativa de la sociedad civil (de la ciudadanía) es la base de nuestro sistema democrático y de bienestar. En el campo de la familia, de la economía, del empleo, de la educación y tantos otros. Y el Estado, que no es más que una “organización superior” de carácter subsidiario, debe amparar y ayudar (subsidium) todas aquellas iniciativas razonables de aquellas personas individuales y sociedades de menor tamaño, apoyando, promocionando y desarrollando todo lo que éstas hacen para cubrir las necesidades de la “ciudadanía”. Y en lo que no lleguen, el Estado ha de complementar el servicio que prestan. Pero no suplirlo. Por eso es imprescindible la oferta educativa del Estado, la “enseñanza pública”.

Este es nuestro sistema educativo, un modelo mixto de educación concertada y estatal en el que todos cabemos y que muchos queremos defender. Si me permiten, les cuento: de mis tres hijos; dos estudian en la escuela concertada y uno en el sistema público de educación. Y estoy encantado. Son ofertas distintas, de calidad y necesariamente complementarias. Esta es la realidad de Segovia. ¿Dónde ven el problema?

La institución no gubernamental más implicada, con diferencia, en la iniciativa educativa en España es la Iglesia Católica. Y eso es bueno. Sólo unos datos para hacernos caer en la cuenta de su labor y relevancia social: casi un millón y medio de alumnos están cursando estudios ahora mismo en centros de la Iglesia (entre enseñanza obligatoria concertada, bachillerato y estudios universitarios), una actividad que emplea a 127.000 trabajadores directos, de los cuales el 94% son seglares. Pensemos también en los puestos de trabajo indirectos y en la riqueza económica y social que supone esta actividad.

Pero no toda la educación concertada es de naturaleza eclesial. Hay otras iniciativas sociales de igual mérito. En nuestra ciudad, lo tenemos muy fácil: la cooperativa Alcázar de Segovia es bien conocida y hace una labor igual de estimable educando en valores, lo mismo por lo que trabajan el resto de centros, sean concertados o “públicos”. No podría creer (seguro que no ocurrirá) que los responsables de ningún partido se manifiesten en contra del movimiento cooperativo, cuando muchos lo han tomado como banderín de enganche de sus propuestas económicas. Pues ahí está la bendita diversidad de la sociedad civil, venga de donde venga, esa que los cargos políticos electos nunca deben olvidar y a la que, como servidores públicos, deben amparar y promover.

Los centros concertados de enseñanza en Segovia son pocos; sólo cuatro radicados en la capital de la provincia, a saber: Cooperativa Alcázar, Claret, Maristas y Concepcionistas. Según datos cerrados del curso 2017-18, estos centros concentran al 12,5% del alumnado de enseñanza obligatoria de la provincia. Un porcentaje pequeño pero que, puesto en números absolutos, da mucho que pensar. Son 3.000 chicos y chicas que hoy, mañana, pasado, van al cole y se forman en conocimientos y valores, al menos igual de bien que lo hacen los que cursan estudios en la escuela pública. En Castilla y León, el porcentaje es superior. Cerca de la tercera parte del alumnado (un 28,5%) cursa estudios en centros concertados, nada menos que 100.000 estudiantes.

No entramos a valorar la diferencia de costes entre plazas concertadas y públicas. Ya lo ha hecho recientemente en esta tribuna M. F. Fernández, demostrando que, como es conocido, las primeras les salen al Estado (a todos) menos gravosas que las segundas. También es momento de recordar que el mantenimiento de los centros con escuela pública, es decir, el gasto de luz, calefacción e instalaciones corre por cuenta del titular del edificio, en este caso el Ayuntamiento, y así se recoge en la Ley de Régimen Local. ¿Quién paga esos gastos corrientes en la escuela concertada? Corren por cuenta de la institución que se ha embarcado en el proyecto de educación, por lo que la Administración Pública sólo abona las nóminas del profesorado, y de manera nominativa.

Sólo un detalle para acabar. Dicen los responsables de aquel partido político que en la ciudad de Segovia hay 776 plazas vacantes en el sistema público de enseñanza en infantil y primaria. Nada dicen de las vacantes en la concertada. Se lo decimos nosotros: depende del curso, pero prácticamente no hay ninguna, son testimoniales. Por algo será. Aunque sea una comparación algo grosera, imaginen por un momento que no existiera educación concertada en Segovia. ¿Dónde podrían estudiar los más de 2.000 alumnos matriculados hoy en estos ciclos en el modelo concertado? En la pública, no, pues al parecer no hay plazas disponibles para escolarizar a tanto jovencito. ¿Es, entonces, o no es la educación concertada un servicio público?