Ángel González Pieras-La culpa moral de los actores del procés

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El ser humano dispone de dos instrumentos para desarrollar su existencia como tal dentro del entorno natural y social: la razón y la conciencia. La razón le ha proporcionado el progreso y la diferencia con otras especies que pueblan el planeta. La conciencia le ha convertido en un ser transcendente: le ha dado sentido a su existencia física, pero también le ha transformado en un ser responsable.

Constituyen las anteriores un ámbito de alcance moral ilimitado y blindado a injerencias externas. Pero también son generadoras de principios morales que rigen el comportamiento y a la vez conforman los criterios rectores de la convivencia del ser humano en una instancia superior, que es la sociedad. Estos principios estaban diluidos en la época medieval, cuando la comunidad era dominio de la autoridad real. Empiezan a hacerse evidentes con el Estado nación como expresión de la voluntad social a partir de los siglos XVI y XVII. Un siglo después, la Ilustración puso las bases de los derechos inalienables del hombre y del ciudadano, pero también las normas por las que se estructuraba la convivencia entre aquellos seres libres. Se daba carta de naturaleza jurídica a lo afirmado con anterioridad: el ser humano posee un espacio de libertad de conciencia que nadie debe profanar. A cambio, el Estado, forma jurídica de la nación, se blindó poniendo límites al comportamiento humano: ese límite debe constreñirse a la valoración de los “actos” de los ciudadanos, no a su pensamiento ni a sus creencias, productos de la razón que se residencian en su conciencia. Los actos son, como decía el filósofo del Derecho alemán Hanz Welzel, algo distinto de los meros procesos naturales causales, distinguiéndose de estos por la dirección consciente hacia un objetivo. Ello es lo que les otorga relevancia moral y jurídica y por lo tanto los convierten en objeto de juicio.

El Estado determina sus propias medidas de protección. Digamos que, a semejanza de los que ocurría con el ser humano, también posee un ámbito inexpugnable. Y para conocimiento de todos las explicita en un código compuesto por un conjunto de normas. Supone la norma, el Derecho, en una comunidad madura -y por ello regida por reglas que responden al sentir predominante- la expresión del deber ser en un momento histórico, en un aquí y ahora. Por lo tanto, a su vertiente jurídica se añade la moral. En todas las comunidades modernas existen modelos de comportamiento que son sancionados socialmente y otros que son rechazados. Pero es la norma, como extensión del deber ser en un momento histórico determinado, la que tipifica los actos que traspasan el ámbito de la conciencia individual y los valora jurídicamente. A través de la norma, la sociedad se protege. Todo acto que tiende a romper la estructura institucional existente merece ser perseguido punitivamente y ser rechazado moralmente. Solo hay una excepción a este principio en la historia: las revoluciones, el cambio por la fuerza de todo el sistema. La diferencia entre una revolución y un golpe de Estado reside en la base que sustenta dichos actos: la revolución persigue que un pretendido orden social mayoritario socialmente obtenga su reconocimiento normativo. Supone por lo tanto un cambio de comportamientos y de hábitos morales. La acción va de la base al vértice de la pirámide. El golpe de Estado recorre el camino inverso, y no tiene por qué suponer una alteración de las costumbres, simplemente de la élite gobernante. Todo intento de golpe de Estado en una sociedad democrática, se intente en 1936 o en el 2016, lo protagonicen políticos o militares, es rechazable no solo desde el punto de vista jurídico, sino también moral. Nadie debe ampararse para su exoneración en razones de conciencia, que es lo que define a un preso político, o en ser consecuencia su acción de “razones de ideas”, concepto por cierto kantiano. En el momento en que se acomete un “acto” el sujeto asume su reprochabilidad jurídica y moral. Es en la estructura de la acción en la que se proyectan juicios axiológicos y jurídicos como culpa o ilicitud. Incluso, desde el punto de la vista de la filosofía del derecho, el golpe de Estado ha sido siempre considerado como el crimen maiestatis. Estaba más justificado el magnicidio (S. Agustín) que la ruptura de las instituciones. Las instituciones son unidades sociales indispensables para la existencia humana en colectividad. De ahí se deriva su carácter obligatorio incondicionado tanto desde el punto de vista jurídico como moral. No son frutos del capricho ni de la arbitrariedad, sino unidades vitales supraindividuales en las que el ser humano proyecta su deseo de orden y transcendencia. Con una simpe exigencia: que guarden en sí el procedimiento para su reforma, puesto que no son entes perpetuos.

La existencia de violencia o no a la hora de acometer el acto reprobable solo añade a la acción un agravante de mayor contenido jurídico que moral. Cuando se detenta el poder de las instituciones, o sea, el monopolio de la actividad política institucional, toda ruptura es cruenta y no debe ampararse en conceptos generales o en presuntos derechos inalienables del pueblo, concebido como unidad de destino intemporal. O supone una excusa o se configuran a sí mismos esos líderes sociales como médiums en la recepción de un derecho divino en el ámbito laico. Y a sus seguidores como acólitos de una religión suprema en la que ellos crean las reglas y distribuyen partidas de bautizo. ¿Cómo si no se entienden las manifestaciones contra una recién elegida alcaldesa de Barcelona de manera democrática? ¿Cómo el desprecio a aquello diferente, distinto, libre?