Pilar del Olmo junto al director de Bancos, Empresas y Corporaciones BBVA de España y Portugal, Antonio Uguina./Kamarero

La Junta de Castilla y León mantendrá la aplicación de un plan de austeridad en el gasto público a través de los presupuestos regionales para mitigar los efectos de la crisis en la Comunidad y consolidar servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Así lo manifestó ayer en San Ildefonso la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que inauguró en el Parador de Turismo las II Jornadas sobre Administraciones Públicas organizadas por el BBVA, que han reunido a cerca de un centenar de directivos de esta entidad bancaria.
En declaraciones a los periodistas, la consejera significó que las administraciones “estamos en un momento de gran incertidumbre debido a la actual situación de los mercados financieros, que obedece a la tardanza del Gobierno de España en aplicar medidas, y que ha generado una gran desconfianza a la hora de financiar una deuda que supera los 265.000 millones de euros”.
Del Olmo aseguró que las comunidades autónomas “estamos colaborando en la línea de la austeridad, respetando los límites que nos han puesto, pero el Gobierno central ha gastado más de lo que tenía y ahora todos estamos en la tarea de reducir el déficit”.
Además, señaló que Castilla y León “ha mantenido una política de austeridad sin agotar el límite marcado por el Gobierno, en un ejercicio de responsabilidad, y en este momento tenemos un cierto margen de tranquilidad”.
Pese a ello, precisó que, conforme a las directrices marcadas por el presidente de la Junta “estamos repasando todas las partiddas de gasto público en los próximos meses para seguir en la línea de la austeridad y terminar el año con unas cuentas sostenibles en el tiempo para seguir garantizando los servicios esenciales, y para ello nos vamos a apretar el cinturón”. La consejera también se referió a la decisión de Caja Segovia y Caja Ávila de incorporarse al proyecto de “fusión fría” con Cajamadrid, y aseguró que los consejos de administración de ambas entidades “han valorado más sus intereses que los de la región a la hora de adoptar esta decisión”.