Los actores Willy Toledo y Alberto San Juan participaron en la protesta. / K. Rodrigo (Efe)

Custodiados por furgonetas policiales, un centenar de manteros reales y falsos asfaltaron ayer la calle más comercial del país con sus CD y DVD para pedir que su venta deje de castigarse con la cárcel y se les permita sobrevivir con una actividad que les reporta entre 10 y 15 euros diarios.
A lo largo de toda la madrileña calle Preciados, desde la Plaza de Callao hasta la Puerta del Sol, los vendedores extendieron sus mantas blancas en el suelo y portaron pancartas con lemas como: «Mi manta es mi bocata», «Mucho arte es el quitar, al pobre, hasta su pan», «Sobrevivir no es delito» y «Si no vendemos ¿qué comemos?».
A la protesta, que se produce en coincidencia con la reforma del Código Penal, asistieron los actores Alberto San Juan y Willy Toledo, miembros de una plataforma de artistas que apoya esta causa y de la que también forman parte la cantante Bebe y la actriz Pilar Bardem, entre otros.
Entre las enmiendas introducidas por el Partido Socialista en la tramitación de la reforma, formulada también por CiU, figura que la venta al por menor de discos en la calle no suponga una pena de cárcel si el beneficio económico es inferior a los 400 euros.
Desde el año 2003, unas 500 personas han pasado por el correccional a causa de esta conducta y 96 están aún presas, explicó a los medios de comunicación Alberto San Juan, que tildó de «insuficiente» la propuesta de los grupos parlamentarios.
Según sostiene el intérprete, además de tratarse de un cálculo muy subjetivo -sobre los 400 euros-, no impedirá que los manteros pisen la cárcel.
Al respecto, el profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la Plataforma Ni un mantero en prisión, Julián Ríos, manifestó que los 400 euros se refieren a los derechos que quedan perjudicados, no de los beneficios que obtenga el vendedor, la mayoría personas sin papeles.
Sin embargo, añadió «que no hay ninguna empresa de gestión de derechos de autor que valore una manta por debajo de los 1.500 o 2.000 euros».
El castigo no debe aplicarse en función del posible perjuicio, sino del beneficio que saque el vendedor, agregó Ríos, que defendió la protección de la propiedad intelectual pero sin aplicar el derecho penal, sino el administrativo, de modo que la venta no sea delito sino una falta.
«Los jueces, la Policía y el derecho no pueden echarle tiempo a estas cosas, deben dedicarse a investigar los crímenes organizados, que es lo que preocupa, y no perseguir al último que vende».
Algunos de los inmigrantes explicaron que la venta de este material les permite, al menos, costear la alimentación y la habitación de la pensión donde viven.
Otros, como el senegalés Sise Mambai, sobrevive a duras penas, porque después de quedarse sin trabajo en 2008 se le deniega la renovación de su documentación porque tiene abierto un expediente anterior por la venta de CDs en la calle. El mayor deseo de Sise es marcharse a su hogar, pero no tiene dinero para retornar.