El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante una de sus habituales intervenciones radiofónicas. / Reuters

La táctica de agachar la cabeza y soportar con estoicismo los insultos del presidente venezolano, Hugo Chávez, que cargó contra la Justicia española por desvelar que el Gobierno de Caracas ha encubierto y protegido a ETA y las FARC, ha dado sus frutos. Aunque haya sido a costa del orgullo patrio y a cambio de un chaparrón de críticas del PP por la sumisión ante el líder populista, lo cierto es que la actitud de Exteriores se ha demostrado efectiva a la hora de defender los intereses económicos en el país sudamericano, hasta el punto de que el propio Chávez se dio personalmente por satisfecho y proclamó que la relación con España ha «vuelto a su cauce».
Además, para completar la escenificación de la paz y, de paso, permitir al Ejecutivo de Zapatero salvar la cara, los Gobiernos de ambos países han pactado emitir un comunicado en el que expresan su voluntad común de seguir luchando contra ETA y de cooperar con la Audiencia Nacional para despejar las dudas acerca de la investigación de la alianza entre esta banda terrorista y las FARC.
Así lo anunció el jefe de la diplomacia nacional, Miguel Ángel Moratinos, durante una rueda de prensa conjunta con la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, al final de la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE celebrada en Córdoba.
La nota de Madrid y Caracas pretende poner fin a la crisis abierta por el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que relaciona a los terroristas vascos con la guerrilla colombiana y, a ambos, con el Ejecutivo de Chávez.
Tales acusaciones motivaron una airada reacción del mandatario sudamericano, que llegó a defender a los etarras con el argumento de que «a Bolívar también se le consideró un terrorista».
Semejante enfado suscitó la rápida reacción del Gobierno socialista, sin duda temeroso de que Chávez pudiera arremeter una vez más contra las empresas españolas instaladas en su territorio y, en lo que el PP interpretó como una verdadera bajada de pantalones, se explicó a través del propio Moratinos que Moncloa en ningún momento había pedido «explicaciones» sobre las tesis del magistrado sino «información».
Ahora, para que el entuerto quede plenamente deshecho, en la nota conjunta se va a subrayar que Venezuela está dispuesta a colaborar «plenamente» con el juez.
No obstante, la situación dista mucho de estar solucionada, puesto que el titular de Exteriores informó de que los abogados de su departamento siguen estudiando el auto de Velasco para «clarificar una serie de cuestiones» antes de remitirlo al Ejecutivo venezolano, pues consideran que su contenido resulta «peculiar».
Cabe recordar que el magistrado solicita en su notificación que Caracas responda a algunas de las dudas que existe sobre la posibilidad de que el Gobierno de Chávez prestara ayuda a ETA y las FARC, en cuyos planes conjuntos estaba atentar en España contra altos cargos de Colombia, como el presidente, Álvaro Uribe, o su antecesor, Andrés Pastrana.
Velasco tiene indicios de que se prestó ayuda a Arturo Cubillas, un presunto etarra casado con una venezolana que ha ocupado varios cargos públicos desde que Chávez llegó al poder en 1999.