El presidente venezolano, Hugo Chávez, hace gala de su populismo y saluda con vehemencia a una simpatizante en las calles de Caracas. / Efe

Amparado por la sin duda importante excusa del interés de Estado
-que se resume en la cuenta de beneficios de varias grandes empresas-, el Gobierno español volvió ayer a dar otro paso atrás ante las presiones de Venezuela, que, en lugar de aclarar su cobertura a los terroristas de ETA y de las FARC, elevó el listón de las bravatas y críticas hacia la Justicia patria, a la que acusa de formar parte de algún esotérico complot urdido por los EEUU para hundir la pseudodemocracia de Hugo Chávez. Después de que en días pasados el propio mandatario sudamericano justificara los asesinatos etarras con el argumento de que «a Bolívar también se le consideró un terrorista», ahora el Congreso venezolano ha tomado el relevo del chantaje al aprobar una moción de rechazo al auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que desveló una supuesta «cooperación gubernamental» con las bandas.
En lo que supone una inadmisible injerencia y un claro atentado a la soberanía española, el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del legislativo del país hispano, Roy Daza, proclamó que el magistrado «actúa bajo las órdenes de la ultraderecha franquista».
No obstante, lo cierto es que no sorprenden tanto las salidas de tono de un régimen cuyo autoritarismo denunció ayer una vez más el PP como la respuesta casi servil del Gobierno, quien, en lugar de defender al Poder Judicial, se dedicó a socavar la autoridad de Velasco. De hecho, el Ministerio de Exteriores filtró que su asesoría jurídica está estudiando el auto del magistrado «para despejar dudas de procedimiento y aclarar qué es exactamente lo que se pide a las autoridades venezolanas», puesto que, según el departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos, se trata de un texto «peculiar».
Y mientras la maquinaria estatal trata de desactivar a toda costa una bomba que amenaza las relaciones comerciales entre ambos países, ya muy tensas tras las diversas cacicadas de Chávez, empeñado en ignorar los contratos suscritos con diversas multinacionales, la vicepresidenta De la Vega fue, una vez más, la encargada de fingir la inexistente firmeza y pidió a Chávez que «respete» a la Justicia española. La número dos del Gabinete socialista, que confió en que las autoridades del país americano colaborarán para «esclarecer las graves acusaciones», fue secundada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien reclamó a Caracas una «colaboración más intensa».
«Nosotros creemos que alguna vinculación -entre ETA y las FARC- ha habido, vamos a ver de qué magnitud y qué grado de colaboración real existe entre unos y otros», destacó Rubalcaba.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia.