/EFE

Sin que nadie contribuyera ayer a esclarecer cuál es la verdadera dimensión de la entente denunciada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que relaciona en un auto al régimen venezolano del populista Hugo Chávez con ETA y la guerrilla colombiana de las FARC, lo cierto es que la polémica siguió engordando a base de declaraciones insustanciales que parecen destinadas a ganar tiempo y salvar la cara ante una situación que bien podría requerir medidas más drásticas con respecto al país sudamericano.
Así, después de que la víspera el propio Chávez tratara de cubrir el asunto con otra de sus tradicionales cortinas de humo de dialéctica antiyanqui y asegurara, sin más argumento o prueba, que la Audiencia actúa en el marco de una «gran ofensiva» orquestada por EEUU y España «para evitar la unidad de Iberoamérica y contrarrestar el gran éxito de Venezuela», ayer el sudamericano redobló su desdén y sostuvo que él no tiene que «que explicarle, ni a Zapatero, ni a nadie», lo que definió como «una acusación temeraria». Además de considerar que la reclamación de aclaraciones por parte de Moncloa constituye «un exabrupto muy grande», instó al socialista y a Don Juan Carlos a «echar el ojo a su poder judicial».
Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, prefirió mantenerse al margen del fondo del asunto y, sin citar siquiera al Gobierno venezolano, proclamó que el Ministerio Público investigará «hasta el final» la presunta alianza entre ETA y las FARC. El jefe de los acusadores, que en última instancia es un empleado del mismo Ejecutivo que insiste en potenciar las relaciones diplomáticas y económicas con Caracas, declaró que «apoya» las investigaciones abiertas en base a los indicios hallados en el ordenador de uno de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, que vincularían a ambos grupos terroristas. Apretado por los periodistas, el fiscal salió por la tangente y evitó aportar información concreta con la excusa de que el caso está en los tribunales.
Cabe recordar que Velasco decidió procesar el lunes a varios miembros de ETA y de las FARC por una presunta colaboración que tendría como objetivo cometer atentados en España contra altos cargos colombianos como el presidente Álvaro Uribe. Además, el magistrado cree que existen indicios de la «cooperación» del Gobierno de Venezuela en esa alianza asesina.
Tales razonamientos merecen, a juicio del PP, mucho más crédito que el desmentido de Chávez, tal y como detalló el coordinador de Relaciones Internacionales de Génova, Jorge Moragas, quien proclamó que etarras y la guerrilla colombiana se sienten «cómodos y arropados» por el «régimen» que lidera el mandatario venezolano, de «naturaleza claramente totalitaria».

frustrante explicación. El conservador reclamó además al Ejecutivo de Zapatero que pida explicaciones a Caracas sobre esa supuesta cercanía entre ambas bandas, pues no considera suficientes las declaraciones que el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, realizó el martes al revelar que el propio Chávez le expresó por teléfono que tiene «voluntad de cooperar» para aclarar la acusación de la Audiencia y que está «comprometido a despejar la dudas sobre su supuesta protección a los etarras.
Similares recelos expresó el portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Ignacio Cosidó, quien denunció la «chulería» de Chávez, quien el martes llegó a señalar que Simón Bolívar «también hubiera sido calificado de terrorista». «Zapatero, que había convertido a Chávez en uno de sus principales aliados en Iberoamérica y que ha apoyado la expansión de la revolución bolivariana a otros países, debe ahora responder de su apoyo a un régimen que no solo es un peligro para la libertad en Venezuela, sino que colabora con una organización terrorista que ha causado un enorme dolor y muerte», afirma el popular en su página personal de internet.