El máximo mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, junto a su homólogo boliviano, Evo Morales, en la investidura ayer del presidente de Uruguay. / Efe

Después de la polémica que suscitó el lunes el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que destapaba indicios de «cooperación gubernamental» de Venezuela con ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llegó la hora de las explicaciones, en respuesta al sinfín de preguntas que plantearon el Gobierno español, los principales partidos políticos patrios y uno de los supuestos objetivos de la acción conjunta de los terroristas, el ex presidente colombiano Andrés Pastrana. Todos ellos remitieron sus dudas al máximo mandatario venezolano, Hugo Chávez, quien lejos de dar un discurso contundente contra el terrorismo, el jefe del Ejecutivo sudamericano calificó ayer de «rezagos de un pasado colonial» la denuncia del juez Velasco. De este modo, el presidente prosiguió con el alegato hecho público el lunes por la Cancillería, que consideró que estos «señalamientos inaceptables» son de «naturaleza y motivación política».
«Eso son restos todavía, tristes restos, de las antiguas cadenas que algunos quisieran colgarnos de nuevo aquí al cuello, pero nosotros somos libres», afirmó Chávez.
El sudamericano se comprometió, además, ante las autoridades españolas a investigar si entre los cargos «medios» de su Administración ha podido haber algún tipo de colaboración con los grupos violentos, pero negó que su Gobierno esté detrás de esa presunta cooperación.
Además, ironizó sobre el auto, al considerar que al libertador Simón Bolívar también le habrían considerado terrorista si el término hubiera estado acuñado en el siglo XVIII. Así, abundó en la idea de que la Real Nacional de Caracas condenó, el 10 de diciembre de 1796, a Bolívar por subversión. «Ante esa condena de la Real Audiencia (en referencia a la Audiencia Nacional), a mí me honra y voy a decir: Condenadme. La historia me absolverá», aseguró Chávez.
El magistrado de la Audiencia procesó el lunes a varios presuntos miembros de ETA y de las FARC por colaborar para atentar contra altos cargos colombianos en España. Entre ellos Arturo Cubillas, un etarra que ha ocupado varios cargos públicos desde que Chávez llegó al poder en 1999.
Después de difundirse este texto, el presidente del Gobierno español instó al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a pedir explicaciones al Ejecutivo de Caracas. También los representantes de distintas formaciones políticas reclamaron aclaraciones al Gabinete de Chávez y a Moncloa.
En esta línea, tanto el venezolano como su ministro de Exteriores, Nicolás Maduro, aseguraron el lunes al jefe de la Diplomacia española que su país no ha colaborado con ETA y las FARC.
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, exigió ayer a Moratinos que comparezca para dar cuenta de las medidas y decisiones que se tomarán tras conocer la acusación de la Audiencia.
El Gobierno, por medio del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se comprometió a «poner en marcha todos los mecanismos de cooperación jurídica internacional para obtener la información» que el juez necesita.
Mientras, Rajoy urgió a Moratinos a llamar al embajador de Venezuela en España para que «dé las explicaciones que nos son debidas». El popular afirmó que «el Gobierno ha estado más condescendiente con Chávez o con Castro que con las personas que luchan por la decencia, la libertad y los derechos humanos y fundamentales».
Mucho más contundente fue la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, quien aseguró que Chávez ha colaborado en la lucha contra ETA cuando el Ejecutivo español se lo ha requerido.
Por su parte, el líder de IU, Cayo Lara, calificó de «grave irresponsabilidad» el hecho de que un juez de la Audiencia Nacional acuse a Venezuela de ayudar a ETA y a las FARC «a partir de indicios». En su opinión, hay «una acción premeditada» para «vincular a Gobiernos democráticos con el terrorismo».

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