Los responsables de la campaña invitan a los propietarios de locales afectados por el canon a colocar esquelas en los escaparates de sus negocios. / AP

La plataforma todoscontraelcanon.es presentó ayer ante el Congreso de los Diputados tres millones de firmas para pedir la eliminación del canon digital, que también protagonizará una campaña que invita a los afectados por este gravamen a poner esquelas en sus establecimientos.
El presidente de la Asociación Española de Internautas, Víctor Domingo, y el de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, explicaron que ahora que se estudia la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es «el momento oportuno» para reclamar la retirada del canon, una tasa que se aplica a todos los equipos y soportes electrónicos susceptibles de utilizase para copias privadas y que cobra la Sociedad General de Autores (SGAE).
Un impuesto que, según Pérez Subías, «afecta a familias y a negocios medianos y pequeños», por lo que su retirada «puede hacer mucho en favor de la economía sostenible y de la cultura».
«Se introduce una normativa que podrá cerrar páginas web en cuatro días y se deja de lado la tasa digital que pagamos todos y que, según los últimos informes de la Comisión Nacional de la Competencia, se reparte entre muy poquitos», sostuvo.
Con la campaña El canon mata la cultura, las asociaciones de internet quieren sensibilizar a los ciudadanos sobre «lo que hacen los políticos y también los jueces», porque estos últimos «permiten que sea una entidad de gestión privada la que decida quién puede escuchar la radio y cuánto cuesta».
Las esquelas podrán ser descargadas en www.todoscontraelcanon.es, aunque los responsables de la iniciativa invitaron a los internautas a que les envíen sus propias versiones y esperan verlas colocadas en restaurantes, bares, peluquerías, tiendas y otros espacios, además de en la red.
En el escrito entregado en el registro del Congreso se pide, además de la retirada del canon digital, que se elimine del proyecto de Ley de Economía Sostenible -que llegará en breve a las Cortes- la disposición final primera, en la que se recogen medidas para la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual en internet.
Se solicita, asimismo, que «no se permita el cobro de remuneraciones por el hecho de disponer de equipos de radio o televisión en locales, negocios y vehículos», y que «se exima del pago de derechos de comunicación pública en actos y actividades que sean de carácter benéfico o gratuito».
Esta plataforma está promovida por 32 organizaciones sociales, 29 Ayuntamientos que han aprobado en pleno su adhesión a la misma, además de casi 5.000 colectivos que agrupan a 1,2 millones de personas.