El juez de la Audiencia Baltasar Garzón vuelve a ser centro de una polémica. / Efe

Sin que, por supuesto, la mera admisión a trámite de una querella implique culpabilidad alguna, sí es cierto que el hecho de que un tribunal acepte investigar una denuncia confirma al menos que los hechos puestos en cuestión no son disparatados y merecen la atención de la Justicia.
De ahí que la decisión del Supremo dando curso a la querella interpuesta por dos abogados contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con el dinero que le pagó el Banco Santander para costear la organización de unos cursos en Nueva York entre 2005 y 2006 arroje cuanto menos alguna sombra sobre la honradez del magistrado.
Cabe recordar que, al margen de lo antiestético que pueda parecer que un togado acepte dinero de un banco tan poderoso, los casi 350.000 euros recibidos por el magistrado -para los cursos, sus viajes y el colegio de su hija- podrían hacerle culpable de delitos de cohecho, prevaricación y estafa, por cuanto apenas regresó a España de vuelta de su periplo norteamericano, Garzón dio carpetazo a una causa que tenía pendiente contra los directivos de la entidad financiera por cuestiones multimillonarias.
Después de que el Supremo archivara en marzo del año pasado una primera querella por idéntico asunto, el alto tribunal ha decidido ahora aceptar la denuncia al considerar como «hecho nuevo» la posibilidad de que Garzón solicitara personalmente el dinero al presidente del Santander, Emilio Botín.
La espinosa subvención también fue objeto de investigación por parte del CGPJ, que abrió diligencias contra el juez, aunque las cerró el pasado julio sin aplicar ninguna sanción disciplinaria.
En los razonamientos jurídicos del auto, dictado en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía el archivo de las actuaciones, se distingue entre tres hechos: la presunta ocultación por Garzón de la percepción de un sueldo en atención a sus actividades docentes, el archivo de una querella presentada contra Botín, conducta que podría contravenir el deber de abstenerse en un pleito en el que se tienen intereses personales; y finalmente, la solicitud a esta entidad del abono de los cursos, efectuada personalmente por el magistrado.
Respecto a la primera cuestión, el Supremo estima que ya fue examinada cuando decidió archivar la primera querella, de modo que lo único que ahora será objeto de investigación es la petición expresa del dinero.
Según los querellantes, la circunstancia de que el presidente del Santander estuviera imputado en un proceso que se seguía en la Audiencia Nacional está directamente relacionada con la llamada de Garzón a Botín, así como con el muy directo interés del banquero en corresponder positivamente a tal solicitud, según explica el auto como argumento principal que justifica la admisión a trámite de la querella.