El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, durante un acto de entrega de despachos a los nuevos inspectores de la Policía Nacional.

Pocos Gobiernos pueden presumir de haber resistido la tentación de tomar atajos para acabar con ETA. Desde la guerra sucia hasta las negociaciones más o menos secretas, populares y socialistas han protagonizado episodios poco honorables y, desgraciadamente, siempre estériles, en su afán por conseguir una histórica liquidación del terrorismo.
En el marco de tales intentos, a priori bienintencionados, cabe incluir el cada día más polémico chivatazo al aparato de extorsión de la banda, que ayer continuó en primer plano de la actualidad a la vista de las nuevas revelaciones que evidencian la supuesta participación de altos cargos de Interior en la llamada que alertó a los asesinos de una inminente redada.
No obstante, pese a la acumulación de indicios, los socialistas siguen empeñados en negar la mayor y, lejos de apelar a las extraordinarias circunstancias que de dieron durante la tregua, persisten en su enrocamiento, con el previsible resultado de que el escándalo promete llevarse por delante a buena parte de la cúpula del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.
Así se lo advirtió ayer al Ejecutivo el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien proclamó que, o bien el secretario de Seguridad, Antonio Camacho, tiene a punto «una explicación larga» para aclarar su implicación en el soplo, o mejor será que vaya «recogiendo sus papeles para marcharse».
El popular se hacía así eco de las noticias que relatan que el número dos de Interior fue quien llamó al director de la Policía Víctor García Hidalgo al número de teléfono que este último utilizaba para ponerse en contacto con la banda durante el llamado proceso de paz.
A pesar de que el conservador dijo no tener interés en «reavivar la polémica», sí insistió en lo inadmisible de que pueda haber «dirigentes políticos que traicionaron a la Policía evitando una detención de ETA».
El dirigente de Génova también se refirió a la carta que Camacho envió a un diario de difusión nacional advirtiendo de la ilegalidad de la posible investigación de sus llamadas telefónicas, fruto de la cual se ha descubierto el contacto con los asesinos.
Tras leer a la mano derecha de Rubalcaba «quejarse de que quizá haya podido ser escuchado ilegalmente por los agentes que él mismo dirige», González Pons se preguntó con intención retórica, dirigiéndose al socialista, si «¿cree que en un Ministerio del Interior tienen todos claro que nadie escucha y mira más de lo que debe?».
Finalmente, apostó por la necesidad de formalizar una ley orgánica que regule el Sistema de comunicaciones Sitel y aseguró que la formación de Mariano Rajoy «está trabajando en ello».
Para apostillar las palabras de su compañero, la número dos de los populares, María Dolores Cospedal, también insistió en que urge que José Luis Rodríguez Zapatero dé una explicación en sede parlamentaria sobre el caso Faisán, al tiempo que aseguró que el PP, personado en la causa, va a pedir que se levante el secreto de sumario para que se conozca «toda la verdad».