La gente continúa adquiriendo música y películas a bajo precio. / Óscar Navarro

La revista Variety ha analizado la propuesta del Gobierno para acabar con las páginas web de descargas ilegales y, entre otras conclusiones, asegura que el nivel de piratería en España es «galopante», además de incluir declaraciones de expertos que apuntan que las medidas incluidas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible «podrían ser efectivas».
En una noticia de más de 12 párrafos, esta revista especializada en el sector audiovisual desgrana en las primeras líneas la iniciativa del ministerio de Cultura -la Comisión de Propiedad Intelectual o el «filtro» de la Audiencia Nacional-. Posteriormente, pasa a analizar la situación del sector tecnológico en España, centrándose en las consecuencias de la piratería.
Según recoge Portaltic.es, la publicación sustenta la afirmación relativa al «galopante» nivel de descargas ilegales con datos de la Coalición de Creadores. El pasado año, esta asociación señaló a 200 webs como las principales responsables de la piratería en españa y pidió al Ministerio de Industria una actuación contra ellas.
Variety recuerda que la actuación de los jueces ha ido siempre dirigida a penalizar los usos comerciales de las descargas P2P, pero nunca contra el usuario. Para el analista de la compañía Screen Digest, Dan Cryan, existen «evidencias» de que la nueva propuesta podría servir para reducir el impacto de la piratería on-line.
Por otro lado, el Ministerio de Economía y Haciendo publicó ayer en su página web el texto definitivo del anteproyecto de ley de Economía Sostenible y, como novedad, señala que la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá interrumpir la prestación de un servicio de una página web que «pretenda causar un daño patrimonial».
En el texto, al que tuvo acceso Portaltic.es, también se especifica que el bloqueo de webs se producirá contra los prestadores «con ánimo de lucro directo o indirecto». Tal y como anunció la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, la ejecución de las resoluciones de esta comisión requerirá de una autorización judicial previa.
Para el abogado experto en la Red, David Bravo, la inclusión del término daño patrimonial supone una «ampliación del espectro» de los usuarios que podrían verse afectados por esta medida, puesto que incluye a aquellos que no tengan ánimo de lucro. «Ahora será la comisión la que decida sobre la intención de las personas. ¿Cómo se valora eso?», preguntó.
En declaraciones a Portaltic.es Bravo también criticó la inclusión de las palabras directo e indirecto, un cambio a su entender «innecesario». «Eso ya era posible antes. Según ésto, un blog con publicidad puede verse afectado por poner un mero enlace a Youtube», explicó el abogado.
En cuanto al resto del documento, no se incluye ninguna novedad respecto a lo anunciado por González-Sinde. A día de hoy, falta por conocer la composición de la sección segunda de la comisión, que estudiará la interrupción de la prestación del servicio y que la ministra anunció que «reflejará necesariamente la pluralidad de intereses y en ella habrá expertos en derechos, expertos en internet y en las diferentes materias».

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia.