Un agente de las Fuerzas de Seguridad conduce a Olano. /EFE

Para demostrar una vez más la iniquidad que conlleva la condescendencia judicial con ETA y su entorno, la Guardia Civil arrestó durante la madrugada del jueves al viernes en Lizarza a Pedro María Olano Zabala, un veterano proetarra que en la actualidad trabajaba para la banda asesina como porteador de armas y explosivos entre Francia y España.
El arresto, que pone fuera de la circulación a este integrante del aparato logístico, no tendría pero alguno si no fuera por la circunstancia de que Olano fue condenado en febrero pasado a dos años de cárcel por amenazar de muerte a Regina Otaola, la popular alcaldesa del pueblo guipuzcoano.
Al margen de la sorpresa que produce ver cómo el terrorista estaba en la calle apenas medio año después de recibir una sentencia de 24 meses, resulta todavía más llamativo que la Audiencia Nacional hiciera entonces oídos sordos a las peticiones de la Fiscalía, que reclamaba un encierro de seis años que hubiera impedido al criminal volver casi de inmediato a sus actividades delictivas.
Lo cierto es que ahora la Benemérita ha enmendado tales errores al poner entre rejas Olano, de 49 años y que ejercía como enlace entre la dirección de la organización asesina en Francia y los comandos operativos que se ocultan en España, a los que habría suministrado material proveniente del otro lado de los Pirineos.
La investigación que ha permitido la captura tiene su origen en el estudio y análisis del material documental incautado tras la detención, el pasado 24 de noviembre, de la supuesta dirigente de Segi Irati Mújica Larreta.
Tampoco es fácil de entender que Mújica estuviera entonces en las calles pese a su extensa lista de antecedentes.
Cabe recordar que ya fue arrestada en 2007 por un delito de colaboración con banda armada al tratar de acceder por la fuerza en el Ayuntamiento de Pamplona junto a otras 20 personas en el marco de una jornada de lucha organizada por la organización juvenil abertzale de cuya cúpula formaba parte.
De 24 años y nacida en Pamplona, después de su detención en 2007, las Fuerzas de Seguridad informaron de su «plena integración» en Segi, «realizando labores de movilización y convocatoria a las actividades a desarrollar por la organización ilegal, destacando sobre otros militantes como organizadora de eventos y representante oficial, encargada de dar ruedas de prensa en nombre del colectivo, como por ejemplo durante la presentación de la Mendi Martxa 07».
Hasta su arresto en noviembre, se encontraba en libertad tras pagar una fianza de 10.000 euros después de que la Audiencia corrigiera en febrero pasado la decisión de los jueces Fernando Grande-Marlaska y Eloy Velasco de enviar a prisión a seis presuntos miembros autores de actos de kale borroka en Navarra detenidos entre noviembre de 2007 y diciembre de 2008. La instancia capitalina determinó su libertad bajo fianza al considerar que esta medida era «suficiente» para evitar que puedan sustraerse a la acción de la Justicia.
Casi igual de sangrante es el caso de Olano, que fue candidato por la agrupación electoral proetarra Lizartzako Abertzale Sozialistak en las municipales de 2007, una lista que fue anulada.
En septiembre de ese mismo año fue detenido por la Ertzaintza tras amenazar a la alcaldesa durante un Pleno del Ayuntamiento de Lizarza con las palabras: «Otaola, vas a morir». En febrero de 2009, la Audiencia le condenó a dos años de prisión como autor de un delito de amenazas relacionadas con la actividad de ETA, una sentencia que, por lo que ha quedado demostrado, apenas sirvió para mantenerle algunos meses entre rejas.