Con la nueva estrategia contra el tabaco será difícil ver un reparto de puros en un restaurante por una celebración. / Luis L. Araico

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, contó ayer en los micrófonos de Onda Cero que la clave sanitaria de este año que acaba de comenzar será el endurecimiento de la ley antitabaco, por lo que se prohibirá fumar en todos los lugares públicos cerrados, incluida la hostelería. Los casos de los profesionales que llevaron a cabo reformas en sus locales -de más de 100 metros cuadrados- como permitía la Ley de 2005 para los clientes que consumieran tabaco serán estudiados de modo «particularizado», si bien Jiménez no precisó si se les compensará de algún modo su esfuerzo humano y, sobre todo, económico.
Y es que éste es uno de los puntos más conflictivos de esta nueva política del Gobierno, que fue anunciada hace menos de un mes. Para los bares y restaurantes que hicieron inversiones con objeto de adaptarse a la anterior norma, la dirigente socialista, tras recalcar que son solo el 1 por ciento del total de establecimientos, dejó caer que se buscará una solución con el sector: «Se hablará con cada uno de ellos». No obstante, en ningún momento anunció que les iba a permitir que se mantuviera el espacio reservado a los fumadores, por lo que se augura que, a lo sumo, podrían ser indemnizados.
Para el resto de locales, la ministra insistió en que el endurecimiento de la ley antitabaco no supondrá un perjuicio económico como auguran los representantes del sector. «Muchos países europeos siguen esta directriz y no ha habido problemas», aseveró.
Asimismo, Jiménez no quiso especificar cuándo quedará prohibido fumar en todos los lugares públicos cerrados. En estos momentos, dijo, se está en fase de negociación y luego deberá pasar por el Consejo de Ministros y la posterior tramitación parlamentaria.
Por otra parte, habrá que ver si las regiones son dóciles con el Ejecutivo esta vez, pues algunas como Madrid plantaron cara a la ley de 2005. El vicepresidente de esta región, Ignacio González, afirmó que no debe haber un discurso «ambivalente», de manera que o se respeta la libertad del ciudadano o se prohíbe la comercialización del tabaco por ser nocivo.

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