Un interno español se afeita en el penal Sarita Colonia de El Callao, en Perú, país en el que se encuentra el mayor número de presos nacionales. / EFE

Más de 250 españoles comen este año el turrón en alguna cárcel de Perú, país donde actualmente se encuentra el mayor número de presos españoles de todo el mundo, prácticamente todos por el mismo delito: tráfico de cocaína.
Los 258 prisiones, hombres y mujeres, habitan, o mejor dicho se hacinan en 13 penales del país, donde a veces tienen que dormir abrazados con otro recluso en un mismo colchón, costearse los medicamentos para sus enfermedades y pagar de su bolsillo algo de comida de verdad para suplir la mísera pitanza carcelaria.
En las prisiones peruanas hay internos de 67 países que purgan penas por narcotráfico, y los españoles son, desde hace años, los más numerosos, seguidos por los holandeses.
En el penal masculino de El Callao viven 2.736 internos, cuando su capacidad es para 500. De ellos, 150 son españoles, tan amontonados que no cuentan ni con una mesa donde comer y tienen que ingerir sus alimentos sentados en el suelo con una escudilla y una cuchara de su propiedad, porque el centro no pone ni los cubiertos.
Cuesta creer que en esa prisión no abunden los tumultos o las reyertas cuando uno puede oler el aliento de su vecino a todas horas, pero Mercedes López, misionera seglar que lleva 15 años dedicando su vida al auxilio de los presos, afirma que es por la enorme cantidad de droga que circula allí «que los tiene atontados». Las cifras de internos españoles no paran de crecer en los últimos dos años -de 177 hace un año a los 258 de ahora-, que en el Consulado limeño atribuyen a un efecto más de la crisis económica y la desesperación que alcanza a los más débiles.
Thays Isasi, reclusa en la cárcel de Chorrillos con otras 54 compatriotas, tiene 19 años y es de Castellón. Dejó en España a un bebé de dos meses y por una pelea familiar se embarcó el pasado agosto en un vuelo de no retorno: «Una colombiana me dijo si quería hacer un viaje, que todo estaba pagado y controlado, la Policía también».
El señuelo de Thays fueron cerca de 7.000 euros por pasar 1,27 kilos de pasta básica en su mochila. El precio que terminará pagando es de seis años y ocho meses de cárcel, que con trabajo carcelario y buena conducta se convertirán en libertad condicional tras dos años.
El relato de Thays se repite en todos los casos: las redes del narcotráfico captan a personas en las colas del desempleo, o entre los sin techo, les ofrecen entre seis y diez mil euros y les aseguran que sacar la droga de Perú es como coser y cantar porque todos los trabajadores están comprados.
Sin embargo, no resulta cierto: a decir de los presos, los policías del aeropuerto reciben el soplo de que tal o cual persona pasará con un alijo de droga, y esa persona es «sacrificada» para que otros viajeros del mismo vuelo logren pasar sin problemas su mercancía.