La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, discute con los miembros de los grupos durante el debate de las enmiendas al aborto. / EFE

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP y la abstención de CiU, el dictamen del proyecto de ley que reforma la legislación sobre el aborto, al que se han incorporado las últimas enmiendas pactadas por el PSOE con el PNV y Esquerra (ERC) e IU-ICV. La nueva norma contó con 21 votos a favor, 16 en contra y una abstención.
Los nacionalistas vascos anunciaron que habían cerrado un acuerdo con el PSOE para que la nueva normativa obligue a las menores de 16 y 17 años a informar a al menos a uno de sus padres o tutores legales su decisión de abortar, salvo que puedan alegar, fundadamente, que dicha comunicación pueda suponerles «un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo».
A la salida de la Comisión, la representante socialista, Carmen Montón, aseguró que bastará con que la menor explique verbalmente al médico que su decisión de abortar puede suponer uno de los conflictos anteriormente mencionados para que no tenga que informar a sus padres.
La portavoz del PSOE rechazó que esta cláusula vaya a ser un «coladero», como indica el PP. Preguntada sobre cómo se demostrará que los progenitores conocen la decisión de su hija, Montón indicó que este punto deberá ser desarrollado posteriormente en colaboración con las comunidades autónomas. «Lo normal es que las menores cuenten con sus padres», indicó, pero la norma se ha hecho teniendo en cuenta las situaciones en las que «desgraciadamente» no es así. «Se ha incluido este punto para no poner a esas jóvenes entre la espada y la pared y abocarles a un circuito de clandestinidad que les puede llevar a una inerrupción legal e insegura».
Por su parte, la diputada popular de Igualdad, Sandra Moneo, acusó al Gobierno de hacer un proyecto de ley a partir de la «excepción» de las menores que viven en un ambiente familiar conflictivo y criticó que algunos grupos solo «ofrezcan a estas jóvenes el camino de la clínica abortista sin que sus padres tengan el más mínimo conocimiento», en vez de darles alternativas que les ayuden a sacar adelante a su hijo.

Objeción de conciencia

En cuanto a la objeción de conciencia, la diputada del PSOE, Carmen Montón, dijo que podrán acogerse a esta cláusula los profesionales «directamente implicados», es decir, los que tengan que estar «físicamente en la intervención», lo que excluye «a quien lleve una camilla, limpie el quirófano, cocine o haga unos análisis».
Por su parte, la diputada del PP acusó al PSOE de establecer «el aborto libre en España», de aprobar la norma en contra de la mitad del Congreso y de los españoles y de «banalizar lo que supone un aborto para una mujer». A su juicio, la ley es «inconstitucional, desprotege al no nacido, que tiene derecho a la vida, y niega a las menores el apoyo de sus padres». El también popular Santiago Cervera avisó de que el modo en el que el PSOE prende regular la objeción de conciencia es colgar «sambenitos» a los que se nieguen.
Desde el Partido Nacionalista Vasco, Joseba Aguirretxea afirmó que su formación apoyará la nueva normativa del Gobierno porque «se ha cambiado» el texto al aceptar el PSOE sus enmiendas sobre las menores y la objeción de conciencia. Aguirretexea defendió la reforma porque «la ley actual es un inmenso coladero que no evita los embarazos no deseados».
Para el PNV, el aborto siempre será «algo no deseado, el resultado de un fracaso, y se debe evitar en su origen». Someterse a una interrupción, apuntó, no es «una operación de menisco», por lo que no se puede «frivolizar con el tema».