Los autónomos aún están lejos de disfrutar de los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena. / Vicente Vázquez

Asociaciones de autónomos y sindicatos coincidieron ayer en definir como «un paso adelante» pero todavía «insuficiente» la aprobación por el Gobierno del anteproyecto de ley que crea para el colectivo de los trabajadores por cuenta propia un sistema específico de protección por cese involuntario de actividad y que beneficiará, según los cálculos del Ejecutivo, a un millón de emprendedores. El texto será ahora enviado al Consejo Económico y Social (CES) para que emita su dictamen y se pueda iniciar de ese modo su tramitación parlamentaria.
El Gabinete ha optado por la creación de un sistema mixto, que combina la obligatoriedad para algunos autónomos y la voluntariedad para otros. Es forzoso para quienes necesariamente tienen que cotizar por accidentes de trabajo y enfermedad profesional y que actualmente son económicamente dependientes (al menos el 75% de sus ingresos vienen de un mismo cliente) y los que estén en actividades con un mayor riesgo de siniestralidad. Este colectivo asciende a 539.338 personas, entre los que se incluye a 176.000 trabajadores del sector agrario.
«Pero pronto serán cerca de un millón» porque se tienen que desarrollar más contratos de los económicamente dependientes y se deben establecer cuáles son esas actividades que suponen un mayor riesgo, como son construcción o transporte, según precisó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
El sistema es voluntario para quienes no cotizan por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y que cambien de opinión. En todos los casos -obligatorios y voluntarios- para cobrar la protección habrá que haber cotizado por esas dos contingencias durante al menos 12 meses continuados antes del cierre involuntario del negocio.
Si la cotización ha sido de 12 a 17 meses la prestación se cobrará durante dos meses, si ha sido de entre 18 y 23 meses se recibirá durante tres. Una aportación de entre 24 a 29 meses generará una prestación de cuatro meses, mientras que de 30 a 35 será de cinco y de 36 ó más permitirá cobrar durante medio año, que es el tope. En los casos de los autónomos de entre 60 a 64 años la duración será mayor: de tres meses para los que coticen entre 12 y 17 meses, de cuatro para los que lo hagan entre 18 y 23, de seis para pagos de entre 24 a 29 meses, de ocho si está comprendida entre 30 y 35 y de nueve si llega a 36 o más.
La cuantía del subsidio durante todo el período de disfrute será del 70% de la base por la que se cotizaba durante los 12 meses anteriores al cierre. Si se tiene en cuenta la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (833,40 euros mensuales para 2009), la prestación alcanzaría los 583,38 euros; mientras que la máxima podría llegar a 1.383,9 euros en el caso de tener dos o más hijos.
Tras conocerse el texto legal, desde las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y OPA lo consideraron acertado, pero criticaron aspectos como el tiempo de cobro, que piensan que debería ampliarse, o que los emprendedores que queden en paro antes de cumplir 12 meses de cotización vayan a estar «desamparados».
La más dura fue la asociación Asnepa, que calificó el anteproyecto de «lamentable», aseguró que solo beneficiará al 16% del colectivo y lamentó que no será una realidad hasta 2011. Desde UGT, Cándido Méndez señaló que la prestación es «un gran paso», aunque insuficiente, porque queda mucho para que los autónomos tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena.