Todo empezó en tiempos del Gobierno Aznar, cuando el PP centraba su estrategia en luchar contra ETA y selló un gran pacto con el PSOE, que pusieron negro sobre blanco el hoy ministro Rubalcaba y el entonces secretario general de la Presidencia Zarzalejos. El acuerdo obligaba a las dos partes a informar sobre todo lo relacionado con la banda y, entre las fórmulas que barajó el ministro de Interior Ángel Acebes, estaba solicitar la puesta en marcha de un sistema de escuchas del más alto nivel. Fueron los directivos de las Fuerzas de Seguridad quienes lo sugirieron por su importancia para localizar a los terroristas y lograr información a través de sus conversaciones. Se consultó a Rubalcaba, y dio su visto bueno, como sucedía en los tiempos de vigencia del pacto.
Una vez tomada la decisión, Policía, Guardia Civil y Cesid -hoy CNI-, se dispusieron a utilizar esa herramienta, capaz de captar cualquier conversación, además de interceptar correos electrónicos y mensajes SMS. Sin embargo, cuando se iba a poner en marcha, el Gobierno pidió un informe, porque no estaba seguro de que fuera del todo legal, ya que las escuchas eran universales y, por tanto, resultaba imposible darle a todas y cada una la obligada cobertura judicial.
El estudio confirmó los temores: Sitel podía afectar al derecho a la intimidad o a las comunicaciones. Por tanto, la única posibilidad de activarlo era con la aprobación previa de una Ley Orgánica, entre otras razones para que la información obtenida en las escuchas pudiera ser aportada como prueba ante un tribunal y para que no contaminara un proceso judicial, provocando su anulación.
El Gobierno del PP no llegó a ponerlo en marcha por falta de la citada ley, que pensaba llevar al Parlamento en la siguiente legislatura si volvía a ganar. Pero perdió, y cinco años más tarde la red está en el ojo del huracán, porque el principal partido de la oposición afirma que la utiliza la Policía, no solo contra el terrorismo, sino para controlar a políticos, empresarios y periodistas. Sin ley ni autorización judicial.
Se calcula que en los archivos sonoros judiciales están recopiladas las conversaciones privadas mantenidas por unos 2.000 particulares relevantes. Es más, en medios políticos de la oposición -no solo del PP- se piensa que la polémica cena de hace unos meses de Bermejo, el inspector González de la Policía judicial, y el juez Garzón, en la cacería que finalmente costó el cargo al entonces ministro de Justicia, tenía como objeto analizar la utilización de Sitel y las pruebas logradas a través de sus escuchas, no solo contra ETA, sino también para los casos de corrupción.
En algunos de los autos de Garzón en los que autoriza el control de conversaciones aparece que para ello se utilice sistema Sitel. El problema es que, si tiene razón la oposición, esas escuchas serían ilegales, ya que no hay una ley orgánica que la respalde, como reclamaba el informe pedido por Acebes.
Así pues, todo se complica. También el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, hizo una consulta a la Fiscalía General hace tres años sobre Sitel, advirtiendo que iba contra los derechos de los ciudadanos, y asimismo abogaba por su regulación mediante ley orgánica. Nunca tuvo respuesta.
Pero aún hay más: la polémica ha provocado una reacción que puede echar por tierra un número no despreciable de asuntos con fuerte carga política, porque todos los días se producen declaraciones de jueces y fiscales que afirman que no tenían conocimiento de Sitel y que, cuando han autorizado escuchas, no sabían que se iban a hacer a través de ese instrumento de alta tecnología sobre el que el togado no tiene el control que marca la ley.
Es una especie de Gran Hermano al que nada escapa. Puede escudriñar a cualquier persona y meterse de lleno en su intimidad, sea o no sospechosa.
Rubalcaba defiende el derecho de Policía y Guardia Civil a utilizar todos los medios para impedir el terrorismo. No le falta razón, en eso coinciden todos, políticos y jueces. Pero ello no exime a las Fuerzas de Seguridad de atenerse a las normas.
Atención en fin a su mal uso: aparte de ir contra derechos básicos, puede echar por tierra importantes sumarios hoy de actualidad por incluir pruebas logradas sin respeto al procedimiento legal.