El juez de la Audiencia Baltasar Garzón vuelve al centro de otra polémica. / Efe

La corrupción no solo granjea dinero a quienes la practican, sino también influencias. Tales recursos permiten a los delincuentes que se aprovechan de la falta de escrúpulos de algunos políticos situarse en una posición de privilegio nada desdeñable con respecto al común de la ciudadanía. En el caso de Francisco Correa, Pablo Crespo y sus compinches en la trama Gürtel, los recursos adquiridos de manera ilícita posibilitan la contratación de abogados profesionalmente muy competentes y de gran influencia entre sus compañeros, bien capaces de exprimir al máximo todas las triquiñuelas legales con tal de lograr la impunidad de personajes tan execrables.
A buen seguro que tal realidad no es ajena a la querella que ayer anunció el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a los que acusan de prevaricación y de quebrantamiento del secreto de las comunicaciones a cuenta de las escuchas, presuntamente ilegales que, siempre a juicio de los denunciantes, sufrieron varios de los letrados que representan a los imputados en la red de tráfico de influencias.
El ICAM, que informó de que iniciará acciones si no se abre ningún procedimiento a instancias del Ministerio Fiscal, ha otorgado el amparo a ocho abogados que defienden a los imputados en el caso Gürtel, entre ellos los de Francisco Correa, José Antonio Choclán, denunciante de la supuesta ilegalidad de las escuchas a que fue sometido durante las conversaciones mantenidas en prisión con el cabecilla de la trama.
Según el criterio del Colegio, la vulneración del derecho de defensa y de la confidencialidad de las relaciones entre el abogado y su cliente, «elementos esenciales del Estado de Derecho», son «extremadamente preocupantes», máxime dado que «la quiebra de ese derecho fundamental ha tenido lugar en un escenario donde la declaración de secreto del procedimiento y las situaciones de prisión preventiva de los imputados obligan a quienes únicamente tienen acceso a las actuaciones y pueden determinar su curso a extremar su celo en la observancia de la ley, de las garantías procesales y del derecho a la tutela judicial efectiva de todos los afectados».
Tras semejante torrente de palabrería jurídica subyace la no remota posibilidad de que finalmente se pudiera decretar la nulidad de las actuaciones, algo que desembocaría en el sobreseimiento de buena parte de la causa y la libertad sin cargos de varios acusados, no importa que sus conductas delictivas estén bien acreditada por otra multitud de evidencias probatorias.
En respuesta a la maniobra de los abogados, la Asociación de Fiscales emitió un comunicado en el que lamentó «que se ponga en tela de juicio la actuación de las instituciones del Estado en la persecución de conductas presuntamente constitutivas de delitos graves, y en el intento de recuperar lo que, al parecer, pueden ser cantidades importantes de dinero defraudado a las administraciones públicas y, en definitiva, a todos los ciudadanos», a quienes pidieron «confianza en el funcionamiento de la Justicia».

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia.