Los ‘número dos’ del PP regional, Ricardo Costa (i), y del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, se abrazan junto a Camps. / Efe

Como casi todo lo que concierne en exclusiva a los políticos, el caso Gürtel lleva camino de convertirse en una especie de universo paralelo, tan omnipresente como ajeno a la verdadera realidad española. Por más que no existan pruebas ni acusaciones más allá de las que la propia Justicia valenciana no consideró siquiera dignas de investigación, la presunta trama de tráfico de influencias se resiste a desaparecer de la actualidad, en gran medida debido al empeño de los socialistas por resucitar una polémica que les permite alejar algo la atención de su cuestionadísima política económica.
La última maniobra se ha realizado, una vez más, en connivencia con las Fuerzas de Seguridad, controladas por Interior, a las que se encargó la realización de un informe que, supuestamente, dado que no consta en ningún sumario, pondría de manifiesto la implicación de algunos responsables conservadores levantinos en maniobras ilegales para, junto con Francisco Correa y sus secuaces, financiar de manera ilegal al partido de Mariano Rajoy.
Lo cierto es que, con o sin pruebas, las acusaciones contenidas en ese dossier han vuelto a revolver el avispero en el principal partido de la oposición, cada vez más incómodo con los continuos quebraderos de cabeza que le causa el presidente valenciano, Francisco Camps.
Más allá de las declaraciones literales, que insisten en defender a capa y espada a su barón, la cúpula de Génova podría estar preparando la salida del controvertido líder regional, que se produciría forzando su dimisión o, en todo caso, sugiriéndole que corte algunas cabezas entre sus colaboradores más cercanos.
Así lo dejó entrever ayer la secretaria general popular, María Dolores Cospedal, quien, tras reiterar su «confianza más absoluta» en Camps y su convencimiento en que «va a actuar como tiene que actuar», abrió la puerta a futuras purgas al proclamar que, «quien haya hecho cosas que no tenía que hacer, no estará en el partido».
Al hilo, la manchega recordó que el PP «ha sido el primero en dar ejemplo» contra la corrupción, como demuestran «varios alcaldes de la región de Madrid que ya no están en sus puestos».
Entretanto, la Fiscalía valenciana, a la que la propia Cospedal acusó de trabajar al servicio del Gobierno y no de los ciudadanos, decidió ayer archivar la denuncia presentada por el secretario general del PP en la región levantina, Ricardo Costa, contra el anteriormente mencionado informe policial de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre una posible financiación irregular.
Según señalaron fuentes al Ministerio Público, la queja del conservador ha sido inadmitida por cuanto, a su entender, de los hechos descritos en la denuncia no se desprende la comisión de acto delictivo alguno.

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