El ex jefe de Deportes del ‘Consell’ de Mallorca, el ‘popular’ Antoni Palerm, camino de los juzgados de Palma. /EFE

A medida que los siete detenidos por el denominado caso Espada, que investiga el desvío de varios millones de fondos públicos en relación con la construcción de un poliderportivo en Mallorca, van pasando por el despacho del juez, parece cada vez más claro que las irregularidades existen, pero también que no son de suficiente entidad como para mantener en prisión a los sospechosos.
Después de que el jueves el instructor mandase a su casa al arquitecto Ignacio Antonio Sáez, ayer otro de los implicados quedó libre con cargos. Se trata del ex director general de Deportes del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, Antoni Palerm.
Al cierre de esta edición, continuaban retenidos en dependencias policiales el ex director general de Deportes del Govern y campeón olímpico de vela, Pepote Ballester; el concejal del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; el director de la empresa Nimbus Comunicación, Rafael Romero; y el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés. Todos ellos siguen pendientes de declarar ante el juez con respecto a la presunta corrupción política derivada del sobrecoste que supuso la ejecución del Palma Arena, un velódromo construido en la capital balear en el período comprendido entre 2003 y 2007, cuando el PP gobernada en la Comunidad insular.
El presupuesto inicial de la instalación era de 48 millones de euros y, tras despedir al prestigioso arquitecto responsable del proyecto y colocar a otros de dudosa profesionalidad, finalmente superó los 100 millones y, debido a sus enormes deficiencias técnicas, ni siquiera consiguió la homologación para albergar campeonatos de nivel internacional.
Tanto Rafael Durán, como Pepote Ballester y Miquel Romero solicitaron que se les aplicase la figura del habeas corpus, que agiliza la presencia del detenido ante el tribunal, una reclamación que ha sido rechazada.
A la espera de que los arrestados pasen a disposición judicial, el abogado de Miguel Romero, director de Nimbus, subrayó ante los numerosos periodistas presentes a las puertas de la sede judicial que los casi tres días que su cliente lleva en los calabozos de la Jefatura Superior de Baleares «son un infierno» por el que, a su juicio, no era necesario que hubiera pasado.
Mientras tanto, la portavoz del Govern balear, Joana Barceló, lamentó «profundamente» este nuevo caso de corrupción que afecta al PP y exigió que «quien sea culpable pague».
Tras la reunión del Consell de Govern, Barceló expresó su deseo de que la investigación policial y judicial «clarifique» todos los aspectos sobre la construcción del Palma Arena, y, «si hay culpables, que se los castigue con toda contundencia». «Nos duele muchísimo que estas islas sean noticia por la corrupción», añadió la portavoz del Ejecutivo balear con un inequívoco tono de satisfacción.
Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE en el archipiélago, Pablo Martín, aseguró que su partido «no entiende el juego del Partido Popular» de hacerse la víctima y no asumir responsabilidades. Aquí la única víctima de la mala gestión del pasado Govern es la sociedad», sostuvo.
Ante tal andanada de acusaciones, las Nuevas Generaciones del PP palmesano manifestaron en un comunicado su «total confianza» en el portavoz de los populares en el Ayuntamiento de la capital balear, Rafael Durán, todavía en el calabozo y lamentaron «el triste espectáculo» que, a su juicio, está dando la Fiscalía.