Dos agentes de la Benemérita contemplan los destrozos causados por ETA en la casa cuartel de Burgos.

La Guardia Civil merece el absoluto reconocimiento de la sociedad española, no solo por sus más de 200 agentes caídos a manos de ETA, sino como el principal pilar de la lucha antiterrorista. No obstante, resulta cuanto menos llamativo que el Instituto Armado aprovechara ayer la alarma social causada por los atentados de la banda asesina en Burgos y Mallorca para llevar a la opinión pública una reivindicación tan justa como inoportuna.
En realidad no fue la propia Benemérita quien se quejó por la falta de seguridad de sus cuarteles, sino la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, que advirtió al Gobierno de que movilizará a los agentes y sus familiares para exigir que se corrijan las «graves deficiencias» que, a su juicio, existen en materia de seguridad en sus dependencias e instalaciones.
«La forma en la que se han perpetrado los dos últimos atentados son simplemente impensables en cualquier otro Cuerpo de seguridad de nuestro ámbito», proclamaba ayer el colectivo en una nota pública.
En el escrito se denuncia además la falta de chalecos antibalas, inhibidores de frecuencia y otras formas de protección individual. «Los guardias civiles no queremos más discursos, ni más fotos en sepelios solemnes. Demandamos de los poderes públicos el imprescindible respaldo a nuestro esfuerzo», se podía leer textualmente.
Según la asociación, las condiciones de trabajo en algunos acuartelamientos son «absolutamente tercermundistas», por lo que, si no se atienden tales demandas, la denuncia se llevará a las calles españolas.
«Y, si fuera necesario, en tanto no sean atendidas nuestras peticiones, movilizaremos de forma masiva a los guardias civiles y a sus familias, pues somos el único Cuerpo policial en el que, gracias a las situación actual de las casas cuartel, ellas también se convierten en objetivo criminal».
También con el trasfondo del doble asesinato de la capital palmesana, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, reiteró un día más que con ETA «no cabe ninguna capacidad de diálogo, puesto que la única opción es que deje de matar, se disuelva, entregue las armas y desaparezca de una vez por todas de nuestras vidas».
La número tres de la formación de Ferraz insistió en que, tal y como declaró la víspera el consejero vasco del Interior del Ejecutivo vasco, el también socialista Rodolfo Ares, «no hay negociación posible», porque la banda «dinamitó todo lo que tenía que dinamitar hace ahora algo más de un año».
Por otra parte, Pajín afirmó que «Batasuna y su mundo tienen muchos pasos que dar, y lo sensato es que dejen, de una vez por todas, no solamente nítido y perfectamente claro que no apoyan al terrorismo, sino que hagan movimientos inequívocos hacia delante en la dirección democrática».
Tales palabras contrastan con las más rotundas pronunciadas el lunes por el ministro Rubalcaba, quien proclamó que los abertzales no regresarán a las instituciones «mientras ETA siga viva», aunque condenen la violencia.
Fue precisamente tal aseveración la que mereció el comentario del presidente del PNV, Íñigo Urkullu, quien sostuvo que dicho planteamiento del socialista revela «una estrategia de Estado no solo para evitar que la izquierda esté en las próximas elecciones municipales y forales», sino para desalojar a la formación jeltzale de las instituciones.