El ministro Rubalcaba(i); el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso (c), y el jefe de Tráfico, Pere Navarro. / EFE

No dio ayer el PP la mejor imagen posible en el Congreso. Finalmente, como estaba descontado, la Cámara Baja aprobó la reforma de la Ley de Tráfico, que modifica el proceso sancionador para hacer más ágil y eficaz el pago de las multas, pero el PP se desmarcó a última hora y se decantó por una críptica abstención. La postura de los conservadores es aún más difícil de comprender si se hace memoria, puesto que hace tan solo una semana los populares votaron a favor de la modificación de la norma en la Comisión de Interior. El desconcierto se agranda todavía más habida cuenta de que en el transcurso del debate de la iniciativa el portavoz de Seguridad Vial del PP, Federico Souvirón, anunció que su grupo se opondría. Al final, ni lo uno ni lo otro.
El texto aprobado por 193 votos a favor, dos en contra y 137 abstenciones, pasa ahora al Senado y entrará en vigor, previsiblemente, la próxima primavera.
A la hora de razonar sus reticencias, Souvirón explicó a los medios que, pese a las apariencias, el PP «no ha cambiado de criterio», porque, «desde el principio», no le gustaba la reforma, y agregó que hace una semana apoyó la modificación con la esperanza de que durante ese trámite se introdujeran los cambios que ellos pedían, algo que no sucedió.
Ya durante el Pleno, el conservador explicó que la formación de Génova se opone a la norma, puesto que solo busca «hacer más fácil» la recaudación de las multas y coloca al ciudadano «en una posición más débil» en su defensa ante las administraciones.
A juicio del discípulo de Rajoy, la modificación normativa envía a los conductores el siguiente mensaje: «Reciba usted la denuncia, no alegue, pague y nos portaremos bien con usted. Y, si no quiere, vaya usted al procedimiento ordinario, del que ya nos hemos encargado de quitar algunos trámites que defienden a los interesados».
En suma, el PP considera que «con la excusa de la seguridad vial se limitan los derechos de los ciudadanos», además, cree que se trata de un proyecto «encaminado a que las sanciones de los radares sean más eficaces y se recauden cuanto antes». «Es un procedimiento rápido de recaudación, no una norma sobre seguridad», sentenció.
La decisión del Grupo Popular supuso una enorme «sorpresa» en el resto de las formaciones, que no entendieron el «cambio de postura» y lamentaron que el PP no respalde una ley tan importante.
El portavoz socialista, Carlos Corcuera, proclamó que es una mera excusa para «desgastar al Gobierno», mientras que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticó que los conservadores «hayan dicho tres cosas distintas», aunque, eso sí, consideró mejor la abstención que un hipotético voto en contra.
Corcuera apuntó que, con la aprobación de esta norma, se cerrará «el círculo que se inició con la modificación del Código Penal y la puesta en marcha del carné por puntos».
Con un criterio opuesto al de los populares, el socialista arguyó que el proceso sancionador se simplifica y se hace más comprensible para el ciudadano, a quien se le respetan «todas las garantías y derechos». Además, rechazó que la reforma persiguiera aumentar las arcas de las administraciones porque su «objetivo final es salvar vidas».