El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. / MANUEL BRUQUE (Efe)

El caso Gürtel amenaza con quemar a uno de los grandes barones del PP y a sus hombres de confianza. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el secretario general de los populares en la Comunidad, Ricardo Costa, fueron citados ayer a declarar como imputados sobre la trama de corrupción, decisión ante la que la formación de Génova reiteró su «total confianza» en ambos.
El magistrado instructor de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para investigar un posible delito de cohecho en relación con la supuesta trama vinculada a cargos del PP citó también al ex vicepresidente valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.
Camps y Costa -portavoz popular en el Parlamento regional- acudirán al juzgado el próximo martes 19 de mayo, mientras que Campos y Betoret tendrán que testificar al día siguiente.
Antes de conocerse su imputación, el president compareció en la sesión de control del Parlamento autonómico, donde defendió la honorabilidad de su Gobierno y afirmó que se siente «tranquilo» porque «no hay nada que ocultar».
Y después, volvió a obtener el respaldo pleno de la dirección nacional del PP. Fuentes de ese partido señalaron que con la citación «se acaba con la indefensión» del dirigente valenciano y subrayaron que en Génova hay «plena confianza» en los imputados.
La portavoz popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, invocó el derecho a la presunción de inocencia y no quiso opinar sobre si Camps debe ser suspendido de militancia, cuestión que fue descartada después por la dirección.
Al ser preguntada sobre si el PP tiene dos varas de medir, ya que los tres diputados madrileños acusados en la trama dirigida por Franciso Correa han sido apartados de la formación, lo negó y recordó que ha habido casos de personas imputadas y después absueltas, lo que «ha generado mucho dolor».
Según las investigaciones desarrolladas por el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJCV, Camps adquirió trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market -una de las empresas de la trama supuestamente dirigida por Correa-, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad, desde 2005 a 2009, por valor de unos cuatro millones de euros.
En el auto de inhibición, el magistrado de la Audiencia Nacional señaló también que el president adquirió «objetos disimulados en otros pedidos ajenos a las prendas obtenidas y, en algún supuesto, en facturas por gastos del stand de Fitur». Con respecto a Costa, el juez dijo que adquirió trajes en varias tiendas por un importe de 7.325 euros pagados también por empresas de Correa.