Imagen de archivo del diputado regional madrileño Benjamín Martín Vasco. / EFE

La cúpula del PP puso ayer un poco más de distancia con los implicados en el caso Gürtel y, quizá para dejar bien claro que las presuntas corruptelas se cometieron cuando en Génova había otros dirigentes, el Comité Nacional de Derechos y Garantías suspendió de militancia, de forma cautelar y provisional, a los tres diputados de la Asamblea madrileña salpicados por la trama de tráfico de influencias liderada por Francisco Correa. La decisión afecta a Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, que habían solicitado motu proprio que se les dejara fuera de la formación conservadora.
Entretanto, la instrucción del escándalo cubrió ayer un nuevo trámite con la comparecencia del propio Martín Vasco, al que el juez notificó su imputación e impuso una fianza de casi un millón de euros, que duplica las cantidades que, según Garzón, habría percibido de la red de Correa.
Al margen del espectáculo judicial, el paso por los juzgados solo sirvió para confirmar que el legislador regional, que se negó a declarar en tanto no se levante el secreto del sumario, debe enfrentarse, al igual que Bosch, a los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo y falsedad documental.

era un ‘conseguidor’. En todo caso, según recoge el auto en el que la Audiencia se inhibía en favor del Tribunal Superior de Madrid, Martín Vasco se habría dedicado a la intermediación para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey a favor de Martinsa, una de las sociedades vinculadas a la trama, de la que podría haber recibido 437.176 euros.
Ahora, si el dirigente del PP no abonara la caución de 955.000 euros, la Justicia podrá acordar el embargo de sus bienes hasta cubrir la citada cantidad, destinada a garantizar el pago de las posibles responsabilidades civiles.
Martín Vasco abandonó el 18 de febrero la presidencia de la Comisión de investigación del supuesto caso de espionaje en Madrid y, poco después, el 2 de abril, dimitió como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional para que su implicación en el caso Gürtel no salpicara al partido de Génova.
Cabe recordar que la acusación contra él se fundamenta en unas conversaciones grabadas a Felisa Jordán, otra imputada, en las que relata los mencionados chanchullos inmobiliarios y, además, se menciona que habría facilitado la entrada de Easy Concept en Arganda a través de la adjudicación de diversos contratos públicos entre 2005 y 2007.
Poco después de Martín Vasco, el juez recibió al ex secretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo, que permanece en la cárcel desde febrero por orden de Garzón y que seguirá entre rejas por el momento, dado que el instructor madrileño decidió imputarle por los mismos delitos que pesan sobre el resto de los acusados. Más allá de confirmarse su situación penitenciaria, nada trascendió de su declaración, que le tuvo durante más de dos horas y media en el despacho del juez.
A su llegada al tribunal, el popular aseguraba a los medios de comunicación encontrarse «perfectamente» y «con ganas de declarar». Crespo era, junto a Antoine Sánchez -también en prisión-, el número dos de Correa, que le puso al frente de sus sociedades en España.
El magistrado también escuchó ayer a Adrián Senín, un empleado de la sociedad Orange Market, al que finalmente decidió acusar por las mismas conductas que a sus predecesores de testimonio.
Cabe recordar que Orange Market era la filial en Valencia de la principal empresa de Correa, Special Events, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Según Garzón, Pérez regaló al presidente valenciano, Francisco Camps, diversos trajes y otros objetos de valor a cambio de favores. No obstante, esta parte del procedimiento penal está siendo investigada por el Tribunal Superior levantino.