Imagen del empresario Francisco Correa, muy desmejorado físicamente tras más de dos meses encarcelado. / EFE

Además de para aseverar que Francisco Correa era el cabecilla de la trama de tráfico de influencias que se persigue en la operación Gürtel, su comparecencia de ayer ante el juez permitió despojar al pseudoempresario del poco decoro que aún podía atesorar.
Lejos del desparpajo con el que en otros tiempos recorría tantos despachos, Correa debió ser conducido a los juzgados en ambulancia debido a una presunta crisis de ansiedad producida por la claustrofobia que dice sufrir en prisión y que, según su letrado, podría haberse agravado dentro de los compartimentos individuales en que están divididos los furgones de la Benemérita.
El trato especial no terminó ahí, puesto que, al llegar a la Plaza de Castilla, el vehículo médico fue sustituido por un turismo policial camuflado que le condujo hasta la sede del Tribunal Superior de la Comunidad capitalina, donde fue escoltado por varios policías. De esa guisa, Correa entró a las 11,05 horas en los juzgados a gran velocidad, para evitar las cámaras.
Tras declarar tres horas y media ante el magistrado Antonio Pedreira, su abogado solicitó su puesta en libertad, alegando que tiene que prestar asistencia a su hermano por la invalidez que padece. Sin embargo, los fiscales anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell, así como el propio instructor denegaron esta petición, por lo que Correa deberá permanecer en prisión.
El presunto sobornador está encarcelado desde que Baltasar Garzón le metiera entre rejas hace dos meses y medio bajo la acusación de crear un entramado de compañías destinadas a nutrirse de contratos públicos obtenidas a cambio de dádivas a funcionarios y autoridades locales y autonómicos de Madrid y Valencia.
Ahora se enfrenta a los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
Se trata de los mismos cargos que el pasado martes atribuyó el magistrado a los otros imputados a los que ya ha tomado declaración: el diputado del PP en Madrid Alfonso Bosch, el ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente y el abogado Santiago Lago.
Pedreira también escuchó ayer a los empresarios Alfonso García Pozuelo y Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente, que quedaron libres, aunque acusados de las mismas conductas. Según Garzón, Bosch
-hasta hace unas semanas gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte- habría recibido dinero de Correa para que la empresa Hispánica, presidida por García Pozuelo, obtuviera la adjudicación del proyecto para la construcción de una ciudad deportiva en ese municipio.
Por su parte, Carrasco, que hasta el 15 de enero era director de Calidad de la constructora FCC, habría entregado a la trama cantidades supuestamente destinadas al tesorero popular, Luis Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote.