Una agente de Policía traslada evidencias recogidas en el piso de un etarra. / EFE

Mientras la Justicia y las Fuerzas de Seguridad, tanto francesas como españolas, continúan haciendo su trabajo para liquidar definitivamente a ETA, los nacionalistas vascos demostraban ayer, una vez más, por qué no pocos demócratas les culpan de la pervivencia de la banda. Resulta muy llamativo que, a la vez que la Audiencia procesaba al presunto jefe militar de la organización criminal Jurdan Martitegi por su implicación en el atentado cometido en abril de 2008 contra el cuartel de la Guardia Civil en la localidad alavesa de Legutiano que provocó la muerte del sargento Juan Manuel Piñuel, el presidente del PNV guipuzcoano, Joseba Egibar, se dedicara a proclamar que la última redada obedece a un «objetivo político y mediático evidente».
Los jeltzales, incapaces de soportar la pérdida de su hegemonía política, tampoco se resignan a que la muerte de ETA les prive de su principal instrumento de presionar a Madrid. Por ello, en un totum revolutum incomprensible, Egibar consideró «curioso» que las capturas se produjeran «cuatro días después de la polémica con Cándido Conde Pumpido», en alusión a las declaraciones del fiscal general del Estado en las que acusó a la Policía de no atender las indicaciones del Ministerio Público para aportar informes en los procedimientos de impugnación de candidaturas de la izquierda abertzale.
La pasividad cómplice del PNV con los violentos fue también puesta de manifiesto por el presidente del PP, Mariano Rajoy, que auguró que la Policía autonómica vasca cambiará de actitud con el futuro Gobierno del socialista Patxi López y, por fin, será «muy activa y muy contundente» contra los terroristas, puesto que ahora hay posibilidades de acabar con ETA en «un período de tiempo no excesivamente largo».
El conservador recalcó que el Ejecutivo de Zapatero ha «rectificado su política» antiterrorista en esta legislatura y añadió que, por eso, su formación está respaldándole. «Creo que las cosas se están haciendo bien. No se negocia con ETA, la Policía y la Guardia Civil actúan con eficacia, y es importante que ahora la Ertzaintza también lo haga», apuntó antes de recordar que, en los últimos cinco años, los agentes que dependían del Gabinete de Ibarretxe «no detuvieron a nadie por un problema de dirección política, algo que ahora va a cambiar».
Pocas modificaciones necesita, sin embargo, el trabajo de los jueces, que ya han relacionado al jefe de ETA Jurdan Martitegi, detenido el fin de semana, con el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel. Además de al jefe del aparato militar, la Audiencia atribuye dicho atentado al líder del comando Vizcaya Arkaitz Goicoechea, y a sus integrantes Aitor Cotano e Íñigo Gutiérrez, arrestados en julio de 2008.
El magistrado Santiago Pedraz también procesó a Eneko Zarrabeitia, capturado en territorio francés en diciembre pasado en compañía del predecesor de Martitegi, Aitzol Iriondo. Según el juez, todos ellos han cometido delitos de asesinato terrorista, lesiones, estragos y robo de vehículo. Pedraz acredita estos hechos en base a una nota manuscrita atribuida a Martitegi con la leyenda aluminio 20 kg hautsa, así como a otras pruebas periciales y testimonios incriminatorios.
Además, el auto desvela que la furgoneta bomba empleada en Legutiano fue entregada en Francia por Zarrabeitia a Cotano y Gutiérrez. Posteriormente, ellos la trasladaron hasta España con la protección de un vehículo lanzadera. Una vez en territorio español, Martitegi se hizo cargo del vehículo, desplazándose hasta el cuartel junto a Goicoechea, que condujo el automóvil que se empleó en la huida y que fue abandonado posteriormente en el vizcaíno Alto de Urkiola, con un artefacto explosivo en su interior que finalmente no llegó a detonar.